Greenpeace coloca en varios museos una pieza falsa para denunciar que la agricultura familiar está en peligro de extinción

Esta mañana activistas de Greenpeace han colocado en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, en el Museo de la Evolución Humana, en Burgos y en el Museo Arqueológico de Almería, una pieza con un texto en el que se puede leer "Agricultura familiar ¿en extinción?". Las piezas han sido colocadas en las paredes de los citados museos a escasos metros de obras tan relevantes como la Dama de Elche en Madrid o del cráneo de Miguelón en Burgos.

Se trata de una losa de piedra caliza con restos de pinturas rupestres de unos 20 x 30 cm que representa a una familia de personas agricultoras y ganaderas trabajando la tierra. Una obra que denuncia el riesgo de que la agricultura familiar, que aún resiste y de la que depende la sostenibilidad del medio rural y la alimentación futura de la población, se convierta en una pieza de museo.

"Nosotros creemos en el poder de resistencia de nuestra pequeña agricultura. Creemos no solo en su capacidad de resistencia sino en su capacidad de innovación y adaptación, pero hay que apoyarla porque el contexto y los enemigos son muy poderosos. Y por eso, porque no queremos que estas personas, que producen alimentos y cuidan el territorio, se conviertan en una pieza de museo estamos aquí con esta acción. Es urgente que se garantice la supervivencia de la agricultura familiar y social y una de las herramientas para ello tiene que ser la Ley de agricultura familiar. Pedimos al ministro Luis Planas que cumpla su promesa y lidere esta ley para defender a las pequeñas producciones. Es una cuestión de justicia social y ambiental que frenemos el acaparamiento agroindustrial y de fondos de inversión. No permitiremos que esa pequeña agricultura desaparezca y se convierta en una pieza para el recuerdo. Desde las políticas públicas, el activismo y la lucha social, defenderemos que esta actividad continúe y tenga buenas condiciones.", ha afirmado Helena Moreno, responsable de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace España

La agricultura familiar y social sigue siendo la más importante de nuestro país y actualmente todavía representa el 60 % de la agricultura española, pero desde 2007 ha disminuido un 36 %, dando paso a nuevos modelos de producción de agricultura altamente capitalizados y sin personas agricultoras. Este modelo, ultra tecnificado, está concentrado en manos de grandes corporaciones agrícolas, e implica problemas sociales, económicos y éticos vinculados a la pérdida de empleos rurales, a la concentración de la producción y distribución alimentaria, y la consecuente pérdida de soberanía alimentaria y de modos de vida en las zonas rurales. Para Greenpeace la agricultura familiar y social son aquellas pequeñas producciones comerciales que tienen una producción económica de entre 4.000 a 50.000 euros anuales. Esta pequeña agricultura es clave para un medio rural vivo en el que se preservan valores culturales y el conocimiento tradicional sobre el manejo de los agroecosistemas fundamentales para la sostenibilidad social y medioambiental.

En paralelo, las mega explotaciones, dominadas por empresas del agribusiness, se han más que duplicado desde 2007. Y a pesar de que aún representan sólo el 7 % del total, constituyen ya la mitad de la producción económica total en 2021, lo que indica una concentración del poder económico en manos de relativamente pocas empresas. Una tendencia extendida en toda Europa que pone en peligro el trabajo de muchas familias, asociaciones y cooperativas de pequeña escala, la calidad de nuestra alimentación y constituye también un peligro para la preservación de las zonas rurales y el medio ambiente. Solo desde 2007 estas pequeñas explotaciones perdieron 287.000 puestos de trabajo.

Esta fuerte concentración y la desaparición de las pequeñas producciones familiares se explica, en parte, por la entrada de grandes empresas del agronegocio o el agribusiness que han decidido invertir el dinero en la producción agraria con un enfoque intensivo y vocación exportadora. Muchas de ellas son fondos de inversión que ven en el campo un valor seguro y un potencial de rentabilidad financiera. Actualmente, la suma de las tierras compradas por los principales fondos de inversión ya suma más de 100.000 ha de tierras en regadío en la península ibérica.

"Estamos pasando de un modelo familiar que cuida el medioambiente y se centra en un derecho básico, que es el derecho a la alimentación, a otro modelo superintensivo que degrada el medio ambiente, que pone el foco en la agricultura como interés únicamente financiero y orientación exportadora. Si no actuamos, el futuro será una agricultura superintensiva sin agricultoras y agricultores.", remarca Moreno.

Las consecuencias medioambientales de esta entrada en los fondos de inversión en la agricultura es elevada, ya que aplican una agricultura superintensiva: grandes extensiones de monocultivo, variedades homogéneas y uso elevado de insumos, todos ellos en tierras en regadío. Así mismo, su entrada en el territorio tiene una serie de consecuencias sociales, como la concentración y acaparamiento de tierras, y un efecto devastador en el acceso y precios de la tierra para las y los jóvenes que quieren empezar un proyecto agrario.

Y la Unión Europea no está ayudando. Todo lo contrario. La actual Política Agraria Común, que supone el 31 % del presupuesto total de la UE, y que es la principal herramienta para apoyar a las personas agricultoras, favorece claramente a los más grandes. En 2021 España recibió un 12.5 % de financiación de la PAC, 6.816,1 millones de euros, es decir, es el segundo estado receptor de ayudas de la PAC, después de Francia (17,1%). Sin embargo, ante estas cuantías, el reparto es muy desigual e injusto. Así, las mega explotaciones, que representan en nuestro país sólo el 7 % de las explotaciones agrarias, reciben el 23 % de las ayudas directas de la PAC. En comparación, las pequeñas explotaciones familiares, el 60 % del sector, reciben el 29 % de las subvenciones. Una situación que asfixia aún más a las pequeñas explotaciones.

Greenpeace reclama que la futura ley de agricultura familiar, promesa del actual gobierno, realmente proteja a la pequeña agricultura familiar y social, e incorpore elementos como la creación de un banco público de tierras para evitar el acaparamiento, concentración y especulación de tierras, recursos y alimentos; impulse la asistencia técnica y capacitación con la figura del extensionista agroecológico, fomente la promoción de la venta directa, e incluya incentivos para aquellos producciones que implementen prácticas agroecológicas. De tal forma que se fomente una transición del modelo de producción agrícola, que asegure la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios frente a la crisis climática y de biodiversidad, favoreciendo la seguridad y soberanía alimentaria, bajo el paraguas de la justicia social.