La Policía Nacional libera a once mujeres víctimas de explotación sexual obligadas a prostituirse en dos viviendas de Granada y Almería

Agentes de la Policía Nacional han liberado a once mujeres víctimas de la explotación sexual quienes, presuntamente, eran obligadas a prostituirse en dos pisos ubicados en dos pueblos de Granada y Almería en los que, además, se ofrecerían sustancias estupefacientes a sus clientes. Durante la investigación han resultado detenidos dos varones de 29 y 43 años de edad y nacionalidad española junto con tres mujeres de entre 20 y 35 años de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, contando con antecedentes policiales el mayor de los varones. Los delitos que se les imputan son pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva, contra la salud pública, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal y tenencia ilícita de armas. En los seis registros llevados a cabo se han intervenido más de 75.000 euros, cocaína, hachís, marihuana, dos armas de fuego cortas y una de aire comprimido junto con munición de diverso calibre.

La denominada operación "Goya" ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada contando con la colaboración de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido. Durante el transcurso de la misma han sido liberadas un total de once mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes estarían siendo obligadas a ejercer la prostitución y a ofrecer sustancias estupefacientes a sus clientes, sometidas las 24 horas a un férreo control y viviendo en condiciones de hacinamiento.

La investigación comenzó tras recibir cierta información sobre la existencia de una vivienda unifamiliar ubicada en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada en el que varias mujeres extranjeras en situación irregular estarían siendo prostituidas y donde, además, se estarían vendiendo distintas drogas a los clientes. El siguiente paso fue identificar al presunto proveedor de dichas sustancias y a los responsables de la explotación de dichas mujeres. El presunto proveedor resultó ser un varón de 43 años de edad y nacionalidad española, el cual contaba ya con antecedentes policiales. Por otra parte, los responsables de la explotación de las mujeres vulnerables resultaron ser una pareja, un varón español y una mujer ecuatoriana, de 29 y 34 años de edad respectivamente, ambos sin antecedentes policiales previos. Esta pareja, según se pudo averiguar, sería también propietaria de otras dos viviendas en un pueblo de Almería.

La operación "Goya" continuó con la ejecución de cuatro registros. Vinculados al presunto proveedor de sustancias estupefacientes se registraron un piso y dos cocheras en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada, incautándose cerca de 11 kilos de marihuana, casi un kilo de hachís, varias dosis de cocaína rosa, cerca de 200 plantas de marihuana, cerca de 5.000 euros en metálico, dos revólveres, una pistola de aire comprimido y munición de diverso calibre.

Durante el registro de la primera vivienda investigada, ubicada en un pueblo cercano a la capital granadina, fueron liberadas seis mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana. Dichas mujeres vivían hacinadas en una habitación, quedando el resto de las mismas a disposición de los clientes, los cuales concertaban las citas a través de móviles que debían ser atendidos por ellas las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Además, tenían coartada la libertad de movimientos, siendo controladas permanentemente a través de un sistema de videovigilancia y sometidas a un estricto conjunto de normas de comportamiento, por ejemplo, si rechazaban a un cliente, eran penalizadas con una multa que debían pagar en metálico. En esta vivienda se incautaron varios gramos de cocaína, más de 18.000 euros en metálico y varios móviles.

Otras dos viviendas localizadas en un pueblo de la provincia de Almería y pertenecientes a la pareja que dirigía la organización criminal fueron registradas por los agentes. En la primera de ellas fueron liberadas otras cinco mujeres, todas ellas de nacionalidad colombiana, las cuales estaban siendo coaccionadas para ejercer la prostitución en las mismas condiciones y bajo el mismo régimen que las otras mujeres anteriormente liberadas en Granada. En esta primera vivienda se incautaron más de 17.000 euros en metálico, varios teléfonos móviles y documentación contable. Por otra parte, en una segunda vivienda los agentes localizaron más documentación contable, más de 34.000 euros y varios envoltorios con cocaína.

En ambas viviendas donde se ejercía la prostitución los clientes eran invitados a consumir sustancias estupefacientes, las cuales eran facilitadas, en el caso de Granada, por el varón con antecedentes policiales mencionado anteriormente. Además de este "camello" y de la pareja que dirigía las operaciones, fueron detenidas otras dos mujeres de nacionalidad colombiana, de 35 y 20 años de edad, encargadas presuntamente de controlar al resto de mujeres en las dos viviendas de Granada y Almería.

Las víctimas eran captadas en sus países y elegidas entre personas vulnerables, generalmente con cargas familiares, facilitándoles el pasaje de avión, un pasaporte, una reserva de hotel y dinero en efectivo, todo ello para poder entrar en nuestro país simulando ser turistas. Una vez en el aeropuerto de destino, eran llevadas directamente al piso de Granada o Almería donde eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar la "deuda" contraída con sus facilitadores.

Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, habiendo quedado en libertad dos de las mujeres tras prestar declaración en dependencias policiales.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que lucha contra entramados y organizaciones criminales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de algunas extranjeras a quienes explotan sexualmente atentando contra sus derechos más fundamentales mediante esta forma de esclavitud y violencia de género.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.