Carmen Crespo cierra una alianza con el sector en demanda de nuevas flexibilizaciones de la PAC

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo, ha reiterado su apoyo a las reclamaciones del sector agrario frente una "Política Agraria Común (PAC) que no es justa para Andalucía"; y ha recordado el consenso alcanzado entre la Junta y los productores andaluces para elaborar unas nuevas alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la PAC (Pepac) remitidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Crespo ha apuntado la necesidad de cambios en el modelo de regiones o los ecorregímenes de la nueva política europea, entre otras cuestiones. "Se debería cambiar de región productiva la campiña sevillana y flexibilizar los ecoesquemas", ha comentado a modo de ejemplo la consejera, que lamenta que "no han querido hacer caso de Andalucía, donde se encuentra uno de cada tres perceptores de la PAC". El documento acordado por la Junta y las organizaciones agrarias recoge peticiones de flexibilización y simplificación del Pepac entre las que se encuentran modificaciones en las exigencias sobre cubiertas vegetales, de difícil cumplimiento en plena sequía; o relativas a las unidades de ganado mayor (UGM) de la ganadería extensiva, también comprometidas con el déficit hídrico.

Por otro lado, la consejera ha remarcado también la importancia de "incorporar cláusulas espejo en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y terceros países, una cuestión que España no introdujo en el orden del día de las reuniones" durante su presidencia europea a pesar de "ser un país agrario que necesita de ese apoyo". "Necesitamos los alimentos que producen los agricultores y que las instituciones públicas estén a la altura de las circunstancias", ha aseverado.

En cuanto a la actuación del Gobierno andaluz para respaldar a los profesionales del campo, Carmen Crespo ha subrayado los 105 millones de euros movilizados para mejorar su liquidez y la inclusión en el IV Decreto de Sequía de un medida dirigida a este sector y dotada con 50 millones de euros para "recuperar el potencial productivo" de las zonas más afectadas por la escasez de agua.