El portavoz adjunto del PSOE-A y secretario de Comunicación Política, Josele Aguilar, ha exigido que el decreto de simplificación de la Junta de Andalucía sea retirado y presentado como proyecto de ley para poder mejorar una norma que, en estos momentos, hace que "vuele por los aires" el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España sobre Doñana y abre la puerta a procesos privatizadores y especuladores.
En rueda de prensa en Málaga, Aguilar ha advertido de que es "absolutamente inaceptable" que se lleve a cabo esta tramitación como decreto pese a que no se justifica su urgencia. "Es una cacicada más de Moreno Bonilla, que lo usa además como decreto ómnibus al estilo Milei, metiendo normas que nada tienen que ver con la simplificación administrativa", ha señalado.
Aguilar ha considerado que el caso "más flagrante e inaceptable" es que vuelve a meter la proposición de ley de Doñana por la "puerta de atrás", copiando literalmente su contenido en el nuevo decreto, pese a que Moreno Bonilla había acordado con el Gobierno de España su retirada. Esto supone "un acto de desfachatez y deslealtad con el Gobierno de España", tal como señala el parlamentario socialista, que no entiende por qué Moreno vuelve a colocar Doñana en el "ojo del huracán" incluyendo "de tapadillo" la posibilidad de transformación de las fincas de forestal a agrícola.
El portavoz adjunto del PSOE-A y secretario de Comunicación Política, Josele Aguilar
Además, ha incidido en que este decreto de simplificación es una norma "desreguladora y liberalizadora" ya que elimina controles previos y la transparencia de los procesos administrativos al prescindir en numerosos procedimientos de su publicidad.
También, Aguilar ha alertado de que se eliminan órganos consultivos relevantes que daban seguridad jurídica a los trámites administrativos. Entre ellos, ha mencionado el Observatorio de la Vivienda de Andalucía, el Consejo Rector del Instituto Andaluz de la Juventud, del Consejo Regional y Provinciales de la Infancia, la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, el Comité Andaluz de Ética de la Investigación de las Muestras Biológicas de la Naturaleza Embrionaria, el Consejo de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias o la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores.
El también portavoz socialista en Presidencia ha añadido que el decreto de Moreno Bonilla tampoco no aborda la "evidente" falta de medios y recursos de la Administración, que impedirá cumplir los plazos que se marquen.
"El decreto es un campo abierto para procesos especuladores y privatizadores", ha sentenciado. Así, ha explicado que se producen "procesos de privatización encubiertos" al introducir en servicios sociales la posibilidad de concierto con entidades privadas con ánimo de lucro, cuando las clínicas privadas pueden formar a los MIR o se elimina para los conciertos con hospitales privados el requisito de homologación por una mera autorización.
Menciona, igualmente, que se agilizan las autorizaciones para los centros docentes privados, mientras que no se reduce la carga burocrática a los públicos. También se permite que entidades privadas de certificación sustituyan a los funcionarios públicos para vigilar la normativa urbanística en determinados casos.
Ante todo ello, Josele Aguilar ha insistido en que el decreto es "carne de cañón" de un posible recurso al Tribunal Constitucional (TC). "Ante la gravedad de la situación, exigimos a Moreno Bonilla la inmediata retirada de este decreto y la búsqueda del consenso con la tramitación como proyecto de ley sin la imposición del rodillo de la mayoría absoluta", ha concluido.