Loles López reivindica el derecho de las personas mayores a “vivir como ellos decidan”

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este lunes en la Fundación Cajasol en Sevilla en la jornada 'Mayores, por derecho propio', organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz, donde ha destacado el derecho de las personas mayores a "vivir como ellos decidan".

Durante su discurso, la consejera ha defendido que toda la sociedad tiene "la obligación de hacer felices a quienes nos lo han dado todo: nuestros mayores", por lo que ha remarcado la importancia de combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo. Se trata, como ha agregado, de ofrecer a las personas mayores los servicios y atenciones que requieren y de que ellos mismos decidan sobre su vida y las condiciones en las que quieren vivirla.

"Esta premisa es un pilar fundamental de nuestra consejería", ha continuado Loles López, que ha mencionado las ventajas del cuarto Decreto Ley de simplificación y racionalización administrativa de la Junta, que conllevará "una mejora" de las personas en situación de dependencia al agilizar trámites y acortar plazos. El objetivo es hacer un sistema sólido, sostenible y eficaz ante los nuevos retos y desafíos de la sociedad actual, que cuenta con una pirámide poblacional invertida.

Se persigue, como ha agregado, que "la persona decida sobre su bienestar y se ponga su voluntad en el centro". "Las personas mayores deben poder decidir dónde quieren estar y no que sea la administración quien decida", ha señalado, convencida de que el sistema de dependencia necesita una revisión y la colaboración de todas las administraciones ya que la población cuenta con una esperanza de vida cada vez mayor. "Va a costar pero hay que cambiar el sistema porque mejorará la vida de las personas", ha continuado.

Respecto a la dependencia, López ha señalado que nuestra región cuenta con el sistema más grande del país, que ha superado las 400.000 prestaciones y los 280.000 beneficiarios, lo que evidencia "el firme compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno con las personas más vulnerables.

El 18% de los andaluces (más de 1,5 millones) tiene más de 65 años. La heterogeneidad del colectivo conlleva necesidades diferentes y, por ello, la consejería trabaja desde distintas líneas: defensa de sus derechos, envejecimiento activo, soledad no deseada, atención basada en la prevención y el cuidado integral y continuado, así como atención a la dependencia.

En este punto, ha mencionado el destacado papel de los 168 Centros de Participación Activa (CPA) de Andalucía, que son "cruciales" para este colectivo ya que les permite formarse, entretenerse y socializar con personas de su edad. Cuentan con 492.234 socios y socias, una cifra que en 2023 subió un 18,8 por ciento, lo que evidencia el alto nivel de participación.

Los centros de participación activa representan un recurso fundamental, con múltiples beneficios para la salud y el bienestar de las personas mayores, sobre todo de cara a prevenir la dependencia. Asimismo, suponen un espacio de encuentro, de relaciones personales que pueden paliar situaciones de soledad no deseada. "Son más que un centro, son como un hogar", ha apostillado la consejera, que ha remarcado que en 2023 se realizaron más de 6.500 talleres en los que se ha invertido un total de 2,5 millones de euros.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reivindicado que "las personas mayores merecen el lugar digno que les corresponde como miembro de pleno derecho de la sociedad". El Defensor ha señalado que esta jornada, 'Mayores, por derecho propio', gira sobra la pregunta de si el ordenamiento jurídico protege de manera adecuada a los mayores. De hecho, se han cumplido 25 años de la ley 6/1999 de atención y protección a las personas mayores en Andalucía, la cual fija el marco normativo singular sobre el que poder asegurar a las personas mayores una respuesta uniforme y coordinada en el amparo de sus derechos y en la cobertura de sus necesidades.

Maeztu ha señalado que le apenan los casos de malos tratos, situaciones de abusos en residencias o en sus propios hogares, o las dilaciones en caso de recibir prestaciones, pero ha afirmado que desde "el convencimiento se puede lograr una sociedad más respetuosa y humana, sobre todo con las personas vulnerables". "Las personas mayores están en edad de merecer derechos propios", ha subrayado.

Maeztu ha compartido con la consejera de Inclusión la necesidad de activar medidas para hacer cumplir el derecho subjetivo de la ciudadanía a recibir las prestaciones en tiempo y forma, y la necesidad de conseguir inversión para hacerlo posible. "Las personas mayores no pueden perder, por la edad, el derecho que merecen", ha concluido.