Las patronales del sector de los cuidados en Andalucía exigen una financiación justa, que garantice la viabilidad, ante la posible reducción de jornada laboral

Las asociaciones patronales del sector de ayuda a domicilio más representativas en Andalucía manifiestan su profunda preocupación ante la pretendida aprobación de una nueva normativa en materia de reducción de jornada laboral por parte del Gobierno.

Una y otra vez, los gobiernos imponen medidas o cambios normativos, pero nunca vienen de la mano de la dotación financiera necesaria para llevarla a cabo. Las patronales de los cuidados aclaran que "no estamos en contra de esta medida, pero sí estamos frontalmente, en que la misma se tome sin abordar la financiación que imperativamente debe acompañarla".

Las Patronales recuerdan que este es un sector estratégico y esencial que ya, hoy por hoy, se enfrenta al grave problema de una financiación aún insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesionales por lo que es fundamental "encontrar equilibrios que den estabilidad y repercutan en la generación de empleos de calidad".

Esta medida, de ser aprobada, agravaría la maltrecha situación financiera del sector, al no cubrir de manera proporcionada el incremento de los costes reales que soportarán los prestadores de servicios. Lo que acarreará unos impactos devastadores tanto en el tejido empresarial y en los profesionales, así como en las personas mayores beneficiarias de esta prestación.

Las patronales de los cuidados destacan que "el actual coste hora de referencia autonómico, publicado hace escasas semanas, y que representa en la mayoría de los casos la única fuente de financiación del servicio, no puede soportar en modo alguno esta medida de reducción de jornada", en esta línea inciden en "los contratos administrativos a través de los cuales se lleva a cabo este servicio fundamental se ven lastrados por la ley de desindexación, que no permite la revisión de los precios durante la vigencia de los mismos". Esta situación dejaría al sector indefenso, al impedir una respuesta ágil e inmediata para la adecuación del precio del servicio a las nuevas realidades normativas que van surgiendo.

La combinación de estos factores genera una presión inabordable por las entidades del sector, dificultando aún más su capacidad para preservar la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad.

Las organizaciones empresariales valoran que la jornada laboral de las profesionales es una materia central de la negociación colectiva por lo que entienden que esta decisión invade competencias que son propias del ámbito de la negociación. Recuerdan que en el I Convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía, firmado el pasado año, ya se contempla una reducción progresiva de la jornada máxima anual a lo largo de sus cinco años de vigencia, "por lo que la medida planteada ahora por el Gobierno, además de suponer una intromisión en la negociación colectiva, echa por tierra todos los esfuerzos realizados por las patronales y sindicatos para conseguir que el sector cuente en Andalucía con un marco de estabilidad en el ámbito de las relaciones sociales y de certidumbre en los costes del servicio".

Las patronales de este sector esencial en Andalucía instan a las autoridades competentes a reconsiderar la aplicación unilateral de esta normativa y a respetar la negociación colectiva, que en el caso de la ayuda a domicilio ya cuenta con un acuerdo alcanzado por los agentes sociales y las patronales.

Antes de concluir destacan que esta medidas de llevarse a cabo, tendrá consecuencias e impacto negativo en un sector infrafinanciado, por lo que tienden la mano para establecer un marco de diálogo real y equitativo con todas las partes implicadas que permita encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad del sector, lo cual, en este caso, pasa inexorablemente por: (i) establecer un período razonable de transición y una flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo para poder responder adecuadamente a las singularidades de nuestro sector; y (ii) garantizar una financiación adecuada del servicio, que permita afrontar los mayores costes que implicar esta medida.

En otra línea las patronales valoran que el nuevo Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar donde se recoge una disposición adicional decimotercera, relativa a los Servicios de Ayuda a Domicilio, no soluciona problemas, sino que "los crea".

Las empresas prestadoras de servicios manifiestan que es una medida que genera inseguridad jurídica para entidades, profesionales, familias y personas usuarias, ya que no ha tenido en cuenta el conocimiento y experiencia de los actores del sector, ya que se mezcla la actividad de personas empleadas del hogar con las y los profesionales de la ayuda a domicilio.

Desde CECUA, Círculo Empresarial de Cuidados a Personas, y ASADE, Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, concluyen que todas las medidas deben llegar fruto del consenso con todos los actores del sector de los servicios sociales "sólo así se evitarían consecuencias adversas que afecten tanto a las personas atendidas como a las trabajadoras y a las entidades prestatarias de la ayuda a domicilio".