Susín, en la residencia Elías Martínez: “Nuestra prioridad es mejorar la calidad de la atención a mayores y dependientes”

La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, han visitado este jueves la residencia de mayores Elías Martínez Santiago, situada en Torrero-La Paz, que ha conseguido la acreditación como 'centro libre de sujeciones físicas'. Les han acompañado la directora de la residencia, Dolores Soria, y Luis Perea, director técnico asistencial del Grupo Albertia, que gestiona el centro.

Sobre esta certificación, Susín ha afirmado que "ésta es precisamente esa tendencia de la que tantas veces nos oyen hablar y de la que tantas veces nos preguntan: la atención centrada en la persona", ha afirmado Susín, "esa mejora de los cuidados" que se trabaja junto a los profesionales y las familias que se implican en la vida de la persona mayor.

La Consejera se ha referido además a varios indicadores sobre la atención a la dependencia en la Comunidad, como que "desde el mes de julio se han asignado las 460 plazas de residencia para las personas dependientes en Aragón" que el anterior Ejecutivo había dejado vacantes mientras las familias esperaban poder acceder a este recurso. A día de hoy hay 4.133 aragoneses que reciben un servicio de atención residencial dentro del sistema de la dependencia. En el caso de la prestación vinculada a centros de día, el incremento ha sido de más de 1.000.

También ha señalado que se está trabajando en reforzar los equipos de valoración, que "encontramos con falta de personal". "Además hemos coordinado con el Servicio Aragonés de Salud el acceso de los profesionales sanitarios de los equipos de valoración a la historia clínica con el objetivo de agilizar el proceso de valoración".

Sobre las solicitudes de expedientes de dependencia sin valorar, el 38% de aumento que se produjo en el ejercicio de 2022 y que supuso que se mantuviese el dato en el entorno de las 4.000, éste se ha mantenido inalterable y a 31 de diciembre de 2023 la cifra era de 4.154 solicitudes pendientes de valorar.

Respecto a las personas dentro del sistema de dependencia, el 2023 se ha cerrado con un incremento de 8.537 expedientes respecto a comienzos de año: ha habido un aumento de las personas valoradas, con reconocimiento de grado y posteriormente atendidas que es muy superior al dato que reflejan las estadísticas, puesto que a este incremento neto debe sumarse la reposición de personas que salen del sistema por fallecimiento, cifrado en una media mensual superior a las 600 personas al mes.

Por otro lado, los tiempos de gestión media del expediente de dependencia desde la solicitud hasta aprobación de PIA se ha reducido en 51 días, de forma que hoy Aragón se sitúa 134 días por debajo de la media nacional: en Aragón son 190 días frente a la media de 324 en el resto de España.

Otro dato destacable está relacionado con el llamado 'limbo' de la dependencia, en el que Aragón se sitúa como la segunda de las CCAA -por detrás de Castilla y León- con menos expedientes pendientes de PIA: 186 en diciembre de 2023 frente a las 854 que había en el mes de julio. Se trata por tanto de una cifra tendente a cero: un 99,54% de las personas beneficiarias con resolución de PIA están atendidas a día de hoy, un logro por el que Susín ha mostrado su reconocimiento por la labor y diligencia de los profesionales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y ha manifestado el compromiso de seguir reforzando los equipos e implementando medidas para agilizar los procesos.

"Les recuerdo que hemos mejorado la atención del servicio a domicilio incrementando el número de horas a través de las adendas firmadas con las Comarcas", ha precisado. El Ejecutivo de Lambán aprobó en diciembre de 2022 el incremento de horas del servicio de asistencia a domicilio, pero "lamentablemente no lo dotó presupuestariamente". De acuerdo con datos del Departamento de Bienestar Social y Familia, actualmente, 8.216 personas en Aragón reciben el servicio de teleasistencia frente a las 3.372 que lo recibían en julio del pasado año.

Por último, Susín ha anunciado que Aragón va a pedir al Ejecutivo central "que se financie el 50% del sistema de atención a la dependencia, tal y como el Gobierno de España ha firmado con el País Vasco en sus pactos de gobierno"; en el caso de la Comunidad, en 2022 ese porcentaje fue del 29%.

Además de haber suprimido las contenciones, en el centro Elías Martínez se ponen en práctica terapias no farmacológicas y se forma al personal para transformar la realidad de la residencia, haciendo que todos los procesos del día a día respondan al modelo de atención centrado en la persona.

El reconocimiento del modelo de cuidados del centro como libre de sujeciones físicas se ha conseguido tras superar una auditoría de acuerdo con los estándares de la Fundación Maria Wolff. Hay otras residencias en la Comunidad, como las de Movera o Alagón, que también tiene reconocida esta condición bajo una certificación similar, Libera Care.

Estas acreditaciones no sólo dan fe de la supresión de las contenciones; también certifican que el modelo de cuidados está diseñado para perdurar en el tiempo y que, entre otros requisitos, el personal cuenta con recursos para manejar conductas complicadas, con planes para prevenir caídas, con una pauta de psicofármacos estructurada y respetuosa con la autonomía del residente -para evitar también las denominadas sujeciones químicas- y varias herramientas para resolver casos prácticos en equipo.

Los centros que se acreditan bajo estas metodologías evitan aplicar protocolos que cosifiquen y despersonalicen a los residentes y fijan su atención en las capacidades –y no en los déficits– de esas personas, cuya autonomía se promueve y respeta en todo momento.

Este cambio de paradigma y la consecuente transformación profesional y de los servicios residenciales que se prestan en Aragón –sean públicos, concertados o privados– se está extendiendo paulatinamente en los últimos años con el objetivo de conseguir una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas que están institucionalizadas.

Tal y como remarcan desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, este cambio de modelo no sólo implica a la atención a mayores; también a personas con necesidades específicas en situaciones de discapacidad o dependencia.