La Policía Nacional ha detenido a un hombre por delito de receptación, al haberse encargado de dar salida a dos terminales de telefonía móvil de última generación obtenidos fraudulentamente mediante la usurpación de identidad de dos personas.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia en el mes de octubre de 2023 de una de las víctimas, residente en Madrid, cuya identidad fue usurpada. Esta persona, cliente de una compañía telefónica, al consultar la aplicación de su operadora observó que figuraba una nueva línea de teléfono contratada a su nombre. Al consultar este detalle a su operadora, le confirmaron que se había contratado una nueva línea a su nombre y que, asociada a la misma, figuraba un terminal móvil de última generación que había sido entregado en una oficina física de la operadora en Huesca.
Los investigadores se personaron en esta oficina, averiguando que en la misma se personó un individuo que, para recoger el paquete, se identificó con la documentación de una segunda víctima. Además, también hizo entrega de certificados falsos de titularidad bancaria a nombre de ambas víctimas.
A continuación, los agentes comprobaron que el teléfono móvil obtenido fraudulentamente había sido vendido a través de una red social a un joven de Zaragoza. Y que este joven había comprado al autor, además, otro segundo terminal de telefonía móvil, pagando por ellos más de 2.000 euros.
Este joven se quedó para su uso uno de los terminales, y el otro lo vendió a través de una aplicación de compra-venta de objetos de segunda mano a un joven de Valencia.
Finalmente, los investigadores averiguaron la identidad de la persona que vendió los teléfonos móviles obtenidos fraudulentamente, tratándose de un varón de 34 años residente en Zaragoza, que fue detenido el 21 de febrero de 2024 por delito de receptación. Asimismo, los agentes procedieron a la incautación de los terminales móviles referidos.
Receptación
La Policía Nacional recuerda que comprar a sabiendas efectos sustraídos constituye un delito de receptación castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años y además incentiva a que se sigan cometiendo estafas, hurtos y robos para obtener un lucro a través de la venta de los efectos sustraídos.