El vicepresidente primero y coordinador del Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, Alejandro Nolasco, ha expresado que el Gobierno de Aragón está empleando todas las vías legales a su alcance para "detener en el Tribunal Constitucional la cacicada que supuso este jueves la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Amnistía". "No nos quedaremos jamás de brazos cruzados. El artículo 14 de la Constitución Española establece la igualdad entre todos los españoles y lo exigiremos hasta sus últimas consecuencias", ha subrayado.
Nolasco ha analizado que "la huida hacia adelante del presidente Pedro Sánchez alcanzó su cénit ayer jueves con la aprobación de la Ley de Amnistía". "Aquellos que juraron guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado han sido los primeros en vulnerar todos los principios constitucionales de la división de poderes y del Estado de Derecho", ha lamentado. En consecuencia, ha afirmado que "llevamos meses viviendo un periodo gravísimo para la democracia española".
El vicepresidente primero ha denunciado que la Ley de Amnistía "supone un peligrosísimo agravio comparativo contra Aragón, fruto de las cesiones ante quienes chantajean y extorsionan". Ha comparado que, por un lado, "Cataluña recibe 21.000 millones de € entre la condonación de la deuda y el traspaso de los rodalíes; y la comunidad autónoma vasca obtiene el régimen económico de la Seguridad Social". Por otro lado, "Aragón es castigada una y otra vez por ser fiel al orden constitucional y por acatar las leyes". Un castigo que, en palabras de Nolasco, "sufren los ciudadanos en su día a día, que no verán materializado el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones o el desdoblamiento de la N-232 mientras siga Pedro Sánchez en La Moncloa".
Nolasco ha denunciado que "la publicación de los datos que permiten calcular las balanzas fiscales, sin tener en cuenta principios correctores como la despoblación, la dispersión del territorio o el envejecimiento; es otro privilegio para Cataluña en detrimento de Aragón". En consecuencia, el Gobierno de Aragón ejercerá de "dique de contención", dado que "todo apunta a que esta infame ley terminará siendo tramitada en el Senado". "Los aragoneses pueden tener la garantía de que hay un Gobierno autonómico que vela por ellos y no va a permitir que Sánchez discrimine a Aragón, relegándonos como si fuéramos una comunidad de segunda o de tercera", ha sintetizado.