Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detuvieron en el marco de la Operación "Safari" a doce personas como presuntos responsables de varios delitos contra la seguridad social.
Esta operación permitió desarticular un grupo criminal de origen mayoritariamente búlgaro dedicado a la comisión de delitos contra la Seguridad Social y empleaba para ello un entramado de empresas ficticias.
La investigación se realizó de forma conjunta con la Agencia Tributaria en dos fases diferenciadas en el tiempo, y que se han saldado hasta el momento con un total de doce detenciones, continuándose por parte del grupo investigador con gestiones para la localización y detención de otros investigados.
En primer lugar, se procedió en fecha 11 de abril de 2024 a la completa desarticulación del grupo criminal investigado, materializándose seis detenciones en las inmediaciones de la localidad de Ejea de los Caballeros y que corresponden a los individuos que manejaban las empresas ficticias necesarias para la comisión de los delitos contra la Seguridad Social.
Posteriormente se desarrolló una segunda fase de la operación, focalizada en las personas que recibieron indebidamente prestaciones de la Seguridad Social gracias a las empresas ficticias articuladas por esta red criminal. En esta segunda etapa se practicaron otras seis detenciones, siendo uno de ellos en la localidad de Segovia y el resto en Zaragoza.
Por otro lado, se pudo identificar a otras cuatro personas que también habían recibido prestaciones de forma indebida, las cuales no han podido ser localizadas hasta el momento, por lo que no se descartan más detenciones.
Esta investigación tiene su origen a finales de año 2021 a raíz de la recepción en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del primero de tres informes procedentes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, dependiente de Tesorería General de la Seguridad Social. En dichos informes se ponía de manifiesto por este organismo la existencia de tres empresas conectadas entre sí por diferentes vínculos, las cuales fueron declaradas ficticias en base a una serie de indicios que evidenciaban la contratación simulada de trabajadores por estas empresas.
El modus operandi del grupo criminal desarticulado consistía en la captación por parte de los miembros del entramado criminal de individuos habitualmente en situación económica precaria o vulnerable, a los que ofrecían contratos de trabajo que no conllevaban una relación laboral efectiva. Asimismo estos contratos comportaban la correspondiente alta en la Seguridad Social, la cual se efectuaba fraudulentamente, y conllevaba una contraprestación económica exigida por el grupo criminal, movido en todo momento por un evidente ánimo de lucro y conllevando con ello un grave perjuicio a la Hacienda Pública. Esta alta fraudulenta en la Seguridad Social conformaba la herramienta indispensable para los objetivos perseguidos por los supuestos trabajadores, que eran tanto la obtención de prestaciones en la Seguridad Social de forma irregular, como el fraude al erario público por el impago de las cuotas de la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores fraudulentamente contratados.
Tras un pormenorizado análisis de los informes facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social, los investigadores estiman que el grupo criminal desarticulado ha defraudado una cantidad total superior al medio millón de euros al erario público.