Aragón denuncia los agravios de la política migratoria “a la carta” del Gobierno de España

Aragón se opondrá a toda decisión que convierta a los menores migrantes no acompañados en "niños de segunda" y por eso ha denunciado el reparto de miles de ellos en el contexto de la crisis migratoria en Canarias y que ha sido impuesto a las Comunidades Autónomas vía Real Decreto por el Gobierno de España. Así ha resumido la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, la postura del Gobierno de Aragón respecto a los criterios para el traslado de estos menores aprobados en el Consejo de Ministros la semana pasada.

Tal y como ha recordado la Consejera durante su intervención ante el pleno de las Cortes este viernes, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón trabajan ya en el recurso en el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley que impone a las CCAA los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados y que establece un trato favorable a los intereses de Cataluña en menoscabo del resto de regiones.

Sobre el recurso anunciado por el Presidente Azcón este viernes, a primera hora se ha presentado este recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares para suspender el requerimiento de facilitar los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón, unos datos que había solicitado el Ministerio de Juventud e Infancia mediante un correo electrónico y que se interpreta como el primer acto administrativo derivado del mencionado Real Decreto.

Los servicios jurídicos se amparan en una sentencia del Tribunal Supremo que establece que la solicitud de medidas cautelares exime del cumplimiento provisional del requerimiento impugnado. Por lo tanto, lo que se ha hecho es impugnar ese requerimiento y, en segundo lugar, pedir como medida cautelar su suspensión.

Carmen Susín ha defendido ante los grupos parlamentarios que el nuevo Decreto supone un perjuicio a las Comunidades Autónomas que han trabajado durante años para mejorar su sistema de acogida y protección de menores vulnerables. Así, esta norma "castiga a las Comunidades Autónomas que, como Aragón, llevan muchos años haciendo los deberes y se premia a las que no han hecho ningún esfuerzo en desinstitucionalización a efectos de número de plazas", una política de atención a menores vulnerables en la que "Aragón es un ejemplo".

La titular del Departamento de Bienestar Social y Familia ha reiterado la importancia de "velar por el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la infancia" que este Real Decreto "vulnera de una manera escandalosa". En esta línea, ha apuntado que la norma impuesta ampara el traslado desde Canarias de personas migrantes "sean menores o no" y serán las Comunidades Autónomas quienes se hagan cargo de su atención hasta que se determine si son o no mayores de edad, como sucede ahora mismo.

Desde el momento en que se activó la llamada emergencia canaria, a finales de 2023, el Gobierno de Aragón ha atendido a 604 personas migrantes que se habían declarado menores al llegar a la Comunidad, una atención cuantificada en 7,5 millones de euros; "un coste que el Estado no asume porque niega que hayan llegado menores entre los adultos y que estén llegando de forma autónoma", ha explicado la Consejera.

En concreto, con datos recopilados entre octubre de 2019 y marzo de 2025, el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) inició 242 expedientes para determinar la edad de personas que se identificaron como menores e ingresaron por tanto en el sistema de protección autonómico: en ese período de casi cinco años y medio fueron acreditados como menores de 18 años 45 jóvenes. Desde que comenzó este año 2025 se han resuelto 15 pruebas de determinación de la minoría de edad y han resultado todas negativas excepto una.

"Este Decreto no va a servir para que ningún niño de los que hay actualmente salgan de Canarias", ha lamentado Susín: "Son niños tutelados que deben salir de forma indubitada y con un Decreto de Fiscalía, algo que hasta ahora y hablando de 400 niños ha sido imposible por el colapso de Canarias".

La responsable de la Consejería de Bienestar Social y Familia ha reiterado que este RD tampoco respeta los procedimientos para identificar a estos niños y jóvenes como menores de edad y determinar así la asunción efectiva de su tutela, con lo que se impone una distribución arbitraria que no evalúa las circunstancias de cada niño, ni su arraigo social o familiar.

La intervención de Susín ante las Cortes, en respuesta a una interpelación, ha servido para reafirmar la negativa de la Comunidad Autónoma de Aragón a aceptar un Decreto Ley que "vulnera los derechos de los menores", ha sostenido la Consejera, puesto que no garantiza su derecho a ser escuchados antes de ser reubicados.

Por todo esto, y como conclusión, Susín ha definido este reparto como "un auténtico despropósito" y ha recordado que Aragón no tiene capacidad para asumir la llegada de centenares de menores.