La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en pisos prostíbulo de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la ciudad de Zaragoza una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres y a su explotación sexual en pisos prostíbulo. En la operación policial se ha logrado la liberación de ocho víctimas y la detención de siete personas a las que se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, trafico de drogas, coacciones y pertenencia a grupo criminal. La mayoría de las víctimas, de origen colombiano, eran captadas en su país mediante falsas ofertas de empleo para trabajar en la hostelería y en el cuidado de personas mayores en España.

La investigación policial, iniciada gracias a la denuncia de una víctima, permitió constatar la presencia en la ciudad de Zaragoza de este grupo criminal de carácter internacional, especializado en la captación de mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad personal y económica en su país de origen con el objetivo de explotarlas sexualmente.

El entramado, consciente de las cargas familiares y de la carencia de trabajo e ingresos de esas mujeres, las presentaba falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y en el cuidado de personas mayores en nuestro país con los que las cubrir esas necesidades económicas personales y familiares. Para ello, la organización criminal disponía en Colombia de una persona de confianza que se encargaba de la captación de las mujeres, que además debían cumplir unas determinadas características físicas que aseguraran mayores beneficios. La captadora, después de obtener la aceptación de las víctimas, proponía hacerse cargo de todos los gastos relacionados con el traslado, la tramitación del pasaporte, compra de los billetes, reserva de hotel, cumpliendo así los requisitos de entrada en territorio Schengen.

El traslado de las mujeres desde Colombia a España se realizaba bajo la supervisión de algún miembro del grupo criminal o bien en compañía de otras víctimas, y siempre habiendo sido aleccionadas previamente sobre cómo actuar ante las autoridades españolas en los puestos fronterizos.

Cuando las víctimas llegaban a Zaragoza eran alojadas en los pisos prostíbulos gestionados por la organización donde además deberían ejercer la prostitución. Los explotadores las exigían disponibilidad total para la realización de servicios sexuales, y no dudaban en amenazar y coaccionar a las mujeres para que aceptaran relaciones violentas y forzadas con los clientes. Eran controladas en todo momento por cámaras de videovigilancia, y por residir en los pisos prostíbulo, cada mujer debía pagar al grupo criminal 500 euros mensuales, además del 50% del dinero obtenido en cada servicio realizado.

El control del entramado sobre las víctimas se estrechaba con la participación de las denominadas "mamis", que ejercían como encargadas en los pisos prostíbulo. Estas eran las responsables de trasladar e intercambiar a las mujeres explotadas entre los distintos pisos que controlaba la organización, con el objetivo de aportar novedad a los clientes e incrementar así la clientela y los beneficios. También obligaban a las víctimas a adquirir, con su propio dinero, ropa sugerente para realizar sesiones fotográficas con las que publicitar sus servicios en páginas de contactos en internet. Además, estas mujeres eran las encargadas de adquirir, recibir y suministrar a los clientes cocaína y potenciadores sexuales, promoviendo también el consumo de cocaína entre las víctimas para generar su dependencia y aumentar así las deudas con el grupo criminal.

La operación policial ha finalizado con el registro de cuatro inmuebles en la ciudad de Zaragoza en los que se ha intervenido dinero en efectivo, varias dosis de cocaína, material informático y diversa documentación relevante para la investigación.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.