Este lunes se publica en el Boletín Oficial de Aragón la orden de creación de la Comisión de Coordinación Sociosanitaria, un órgano colegiado impulsado por los Departamentos de Sanidad y Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón: se convertirá en una herramienta para conseguir que la atención por parte de los servicios sociales y sanitarios que recibe todo aragonés en situación de vulnerabilidad sea integral.
Su razón de ser es la de ofrecer una respuesta conjunta, coordinada y eficiente a personas que se encuentran en situación de dependencia, fragilidad o exclusión social en cualquiera de las tres provincias y que necesitan recibir atención sanitaria o social y no cuentan con una red de apoyo adecuada. Se trata de construir un nexo entre dos sistemas públicos –el sanitario y el social– para propiciar una intervención integral que tenga en consideración esas dos dimensiones.
La nueva Comisión asumirá la elaboración de planes anuales de actuación y protocolos conjuntos, el diseño de programas innovadores que integren la atención social y sanitaria, el impulso de herramientas compartidas, como la Historia Social Única; también el fomento de la investigación y colaboración con Universidades y centros científicos en asuntos sociosanitarios y la creación de grupos técnicos de trabajo especializados.
Su funcionamiento, precisan desde el Gobierno de Aragón, no comporta ningún gasto público adicional, puesto que se ha diseñado en función de recursos personales y técnicos ya disponibles: en este sentido el papel de la Comisión es, con la atención centrada en la persona como modelo preferente, garantizar una gestión más eficiente y coordinada de los mencionados recursos y servicios.
Creada de acuerdo a los principios rectores de cooperación, eficacia y transparencia, la Comisión estará integrada por responsables de alto nivel de los dos Departamentos implicados en su puesta en marcha y se reunirá al menos dos veces al año; también se podrán convocar sesiones extraordinarias cuando sea necesario.
Este órgano supone un paso adelante tras la experiencia de la pandemia, puesto que da continuidad al trabajo iniciado en 2020 con el protocolo de actuaciones conjuntas en centros residenciales que permitió una colaboración efectiva entre servicios sociales y sanitarios durante la crisis sanitaria del COVID-19 y que ahora, con esta Comisión, se amplía más allá del ámbito residencial.
La creación de la Comisión se apoya en los principios de buena regulación, recogidos en la Ley 39/2015, y se alinea con otras recomendaciones nacionales y europeas en materia de coordinación sociosanitaria, como el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011) o la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud (2012), entre otras.
Con la puesta en marcha de este organismo colegiado, indican fuentes de Sanidad y Bienestar Social y Familia, la Comunidad Autónoma de Aragón se sitúa a la vanguardia de las políticas públicas basadas en la atención centrada en la persona y fomentan una mejora de la calidad de vida de las personas vulnerables a la vez que se hace más sostenible y eficiente el funcionamiento de la Administración y sus recursos.