Aragón presenta el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley que impone el reparto de menores no acompañados

El Gobierno de Aragón considera que el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, es inconstitucional porque vulnera competencias autonómicas y además quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas. Éstos son los principales argumentos que sustentan el recurso de inconstitucionalidad que ha detallado en rueda de prensa este martes la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

El Gobierno de Aragón hace hincapié, además, en que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo central no es el indicado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, en este caso de los menores extranjeros no acompañados, cuya regulación debe hacerse mediante Ley Orgánica.

La interposición del recurso contra las medidas que se han de adoptar en caso contingencias migratorias extraordinarias se acordó el pasado 21 de marzo en Consejo de Gobierno. Tras las primeras acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico en el ámbito contencioso–administrativo –se han presentado dos recursos hasta la fecha–, ahora se da sus primeros pasos el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Aragón mantiene por tanto la postura que ha defendido en las últimas semanas relativa al Real Decreto Ley, que consideró inconstitucional desde el primer momento, y ante todos los actos administrativos que se han sucedido al amparo del mismo: ya anunció el viernes pasado que iba a recurrir la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que debía celebrarse el lunes mediante el correspondiente recurso contencioso–administrativo, que fue admitido a trámite este mismo lunes por la Audiencia Nacional. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista este lunes fue cancelada a consecuencia del apagón eléctrico que afectó a todo el país.

El recurso de inconstitucionalidad ante el Real Decreto Ley, ha explicado Susín, se interpone en dos niveles: en su totalidad, por su identidad de razón y su unidad de sentido, puesto que el Gobierno de Aragón aprecia que se desprende la inconstitucionalidad del conjunto del texto; y también subsidiariamente, ya que se impugnan la práctica totalidad los preceptos del citado RDL de forma individual –el artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda y las disposiciones finales primera y segunda– al considerar que todos ellos incurren en específicos vicios de inconstitucionalidad.

En el recurso, redactado por los servicios jurídicos de la DGA, se pone de manifiesto que esta normativa impone una reubicación forzosa de menores en situación de extrema vulnerabilidad desde otros territorios sin los consensos necesarios, que interfiere en las competencias propias de la Comunidad respecto a la atención social, educativa y sanitaria de menores extranjeros no acompañados y que lo hace amparándose en una norma que dinamita los consensos que se alcanzaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en 2022, 2023 y 2024 y que han conllevado hasta la fecha el traslado de un total de 574 menores de edad extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a otras CCAA.

Así, entiende la Comunidad Autónoma de Aragón que el RDL desprecia e ignora el modelo de gestión de contingencias migratorias vigente hasta ahora para atender a los menores migrantes no acompañados y el correspondiente Plan de respuesta que fue adoptado en el seno de la Conferencia Sectorial en el año 2022 –con el único voto en contra de La Rioja–, un modelo que sí estaba basado en la corresponsabilidad, cooperación y solidaridad interterritorial. En su lugar, el Gobierno de España ha pretendido imponer una regulación pactada con un partido político independentista catalán y lo hace conforme a razones políticas muy alejadas del interés superior del menor que debería presidir esta normativa y que se ha redactado a espaldas del resto de CCAA.

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia recuerdan que el RDL establece que es la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia quien debe acordar por unanimidad los criterios relativos al reparto y que, en su defecto, rige el artículo 35 bis, lo que implica que si no se llega a ese acuerdo se imponen los criterios establecidos a la medida de Cataluña.

Aragón considera por tanto que el RDL se cimenta en la desigualdad y la xenofobia y además no tiene en cuenta el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años en la acogida de menores migrantes. Ese recurso contra la convocatoria de la Sectorial se suma al presentado para impugnar el requerimiento formulado por el Ministerio de Juventud e Infancia de remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón, que fue el primer acto administrativo derivado de este Real Decreto Ley.

Sobre la tramitación de las medidas cautelares solicitadas por la DGA en ese primer litigio sobre el requerimiento estatal de remisión de datos de menores atendidos, ésta ha quedado suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en tanto se tramita y resuelve la posterior solicitud de inadmisión del recurso judicial planteada por el Estado este pasado viernes.