"Máxima colaboración y la puesta a disposición de la OAAF de todos los recursos municipales con el fin de avanzar y ayudar en la investigación". El Ayuntamiento de Benalmádena informa de que, en estos términos, se dirigió el alcalde, Juan Antonio Lara, al responsable de la OAAF en el mes de agosto de 2023, tras recibir el 9 de agosto de 2023 un escrito de esta oficina en la que se exponían los detalles de la investigación iniciada en octubre de 2022 por una denuncia con unos hechos, "que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal".
Tras las informaciones aparecidas en medios de comunicación y redes sociales, el Ayuntamiento informa de que este mismo requerimiento ponía de manifiesto que el anterior equipo de gobierno había incumplido el plazo de seis meses otorgado por la OAAF para aportar informes, documentación y "las actuaciones de investigación practicadas por ese consistorio", advirtiendo que este incumplimiento "podría llevar aparejada la sanción correspondiente".
Cabe recordar que la indignación de los propietarios del edificio Palmeras 25, situado junto al Club de Raqueta, se produce al recibir las llaves de sus viviendas y comprobar que 41 plazas de aparcamiento situadas en uno de los sótanos del edificio habían pasado a ser de titularidad municipal y que en los gastos mensuales de la comunidad podría aparecer reflejado en el futuro un gasto de 1000 euros mensuales por el uso y limpieza de un vial de titularidad municipal que permite el acceso a sus viviendas. Estas dos circunstancias se debían a la firma de un convenio urbanístico firmado por el anterior alcalde, Victor Navas, con la promotora del edificio y sin que los vecinos tuviesen conocimiento previo.
Este convenio y su contenido en ningún momento pasó por junta de gobierno local, dictamen de comisión o pleno, tal y como reza en un informe emitido por la Secretaría Municipal.
Para el alcalde, Juan Antonio Lara, es de gran importancia ofrecer toda la colaboración posible a la OAAF para determinar las posibles irregularidades administrativas, depurar responsabilidades y avanzar en una solución que venga a subsanar y corregir los problemas generados a los vecinos.