Desarticulada una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria. En el marco de la operación, se ha procedido a la detención de ocho personas, entre ellas la del funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, presuntamente, habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la región. Igualmente, han sido detenidos los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias de estos contratos.

Las detenciones han venido acompañadas de registros en el despacho del funcionario en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama. A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

La investigación arranca en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tienen conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.

Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, se forma un equipo conjunto con la UDEF de Policía Nacional y se judicializan las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en varios millones de euros.

El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales. Adicionalmente, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.

La fase de explotación de la operación se concretó el pasado miércoles con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos cuya connivencia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la investigación y los correspondientes domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.

Durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario investigado se detectaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.

En los registros también se ha incautado abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá seguir avanzando en la investigación. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.