La Diputación y el Obispado de Segovia acuerdan destinar 300.000 euros para acometer reparaciones en iglesias de la provincia

La Diputación Provincial y el Obispado de Segovia han rubricado un año más el convenio de colaboración que permite llevar a cabo actuaciones de reparación y conservación en templos repartidos por el territorio. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el vicario general de la Diócesis, Ángel Galindo, han sido los encargados de firmar un acuerdo que contempla una fórmula de cofinanciación en la que cada una de las entidades aporta 150.000 euros.

Por tanto, son 300.000 euros disponibles para esos proyectos de reparación en el medio rural, que deben ser financieramente sostenibles y tener como objeto iglesias, retablos o ermitas. La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado el visto bueno al convenio y a la aportación con cargo al presupuesto de este año y, así, se van a poder beneficiar de esta acción aquellos edificios del patrimonio histórico de la provincia que no están calificados oficialmente como monumentos y que, en consecuencia, no se benefician de la protección y beneficios que la legislación reserva para esos casos.

En ese sentido, Miguel Ángel de Vicente ha remarcado que la Diputación avanza en su espíritu de fomentar las "acciones que repercutan directamente en los pueblos", desde el "deber de cooperación" que tiene la institución provincial. Este convenio buscar contribuir a dinamizar la actividad económica del territorio provincial, sumando la importancia de paliar los efectos negativos de la situación demográfica que azota el ámbito rural.

Según el acuerdo, son subvencionables los trabajos de reforma y rehabilitación cuyo objetivo sea la adaptación o adecuación para la mejora del inmueble; las grandes reparaciones (obras estructurales o de reparación de cubiertas); y el mantenimiento y conservación con trabajos de menor entidad para preservar los elementos básicos del inmueble.

El Obispado se encarga de la contratación y ejecución de las obras aprobadas; de la dirección, control y certificación de los trabajos; así como de la obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Asimismo, se compromete a aportar cualquier exceso que pudiera producirse por liquidaciones, modificaciones o un mayor presupuesto sobre la cantidad asignada en el convenio. El periodo de ejecución y justificación para las entidades beneficiarias finaliza el 30 de noviembre de 2024 y se establece una comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de los resultados, que serán evaluados. La conforman cuatro representantes, correspondiendo dos a cada una de las partes firmantes del acuerdo.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, refleja la posibilidad de conceder subvenciones de forma directa por razones acreditadas de interés público, social y económico. Criterios que concurren en este caso, al tratarse del rico patrimonio arquitectónico (interés público), constituir señas de identidad de nuestros pueblos (interés social) y diversificar la oferta turística del territorio (interés económico). Hay que tener en cuenta, además, que al ser el Obispado el titular de los bienes y, por consiguiente, quien puede autorizar las actuaciones en los mismos, no hay posibilidad de poner en marcha una convocatoria.