Desarticulada en Tarragona una organización criminal dedicada al tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Doce personas han sido detenidas en las localidades tarraconenses de Torredembarra, Reus y Tarragona capital, además de en Italia, por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.

Se han realizado diez entradas y registros, donde los investigadores han intervenido dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático. La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y manteniendo un horario abusivo. La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, donde vivían hacinadas en habitaciones.

Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización. Se les ofrecía un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba al contrato que habían firmado. Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda en concepto de viaje y trámites, quedando así a merced de los jefes de la organización. La deuda cada vez se hacía mayor para así descontarles directamente el dinero del salario que percibían por su trabajo.

Una vez en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que en un principio se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales. Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo. Los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y sin vacaciones. El salario que recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.

Algunas víctimas llegaban a nuestro país en condición de turistas, y para enmascarar la situación de explotación laboral real, los líderes de la organización criminal les obligaban a inscribirse en cursos de formación en convivencia criminal con dichas academias de formación. Por esos cursos, que nunca llegaban a realizar, pagaban grandes cantidades de dinero.

Los miembros de la organización controlaban incluso las bajas médicas para evitar que las tuvieran. Si alguna de estas personas se encontraba indispuesta les facilitaban ellos mismos fármacos potentes que en realidad requerían de receta médica para que continuaran trabajando.

Al inicio del mes de abril se practicaron cuatro entradas y registros en las viviendas de las víctimas. También se llevaron a cabo otras dos en las viviendas de los líderes de la organización y otras cuatro en locales de hostelería. En total se han intervenido dos armas detonadoras, 22.295 euros en efectivo, dos dispositivos móviles, dos portátiles, un vehículo, un disco duro grabador, cámaras de vigilancia y diversa documentación de interés para la investigación.

El juzgado de instrucción competente ha ordenado la clausura de los cuatro locales de restauración de los que se valía la organización criminal para llevar a cabo la explotación. En el curso de la explotación se han detectado a 28 nuevas víctimas de la organización que junto a las 18 víctimas liberadas durante la investigación, hacen un total de 46 víctimas liberadas.

En el dispositivo han participado más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De las 12 personas detenidas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción, se ha decretado el ingreso en prisión para tres de ellas. Las víctimas ya han sido puestas en contacto con los servicios sociales para su protección.