Desmantelada la principal red criminal que introducía hachís en Cataluña por vía marítima, con 40 detenidos y más de 18 toneladas de droga intervenidas

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) han desmantelado el principal y mayor entramado criminal que estaba introduciendo hachís en Cataluña.

Durante los nueve meses que ha durado la investigación, el equipo conjunto ha detenido a 40 personas (26 han ingresado en prisión). Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública en su vertiente de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. En este tiempo, los investigadores han intervenido más de 18 toneladas y media de hachís valoradas en el mercado ilícito en 36 millones de euros, así como cinco armas de fuego.

La investigación, que ha sido tutelada por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Bisbal d'Empordà, ha permitido descubrir un entramado criminal con una fuerte capacidad para introducir hachís a través de las costas catalanas. La investigación se inició en septiembre del año pasado y se prolongó hasta el pasado 11 de junio, cuando se llevó a cabo la fase de explotación de la operación.

Ese día se llevó a cabo un amplio dispositivo con más de 200 efectivos policiales desplegados y con la realización de 14 entradas y registros en diferentes localidades de Cataluña (Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló, Roses, Puiggròs y Tàrrega), Málaga y Zaragoza. El balance del dispositivo fue de 36 detenidos y 80 kilos de hachís intervenidos.

Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 13 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Bisbal. Tras pasar a disposición judicial, el juez ordenó el ingreso en prisión para 22 de los detenidos.

El 17 de septiembre del año pasado, los Mossos d'Esquadra localizaron en la cala d'Aiguafreda de Begur (Girona) una furgoneta varada en la arena que contenía un cargamento de casi tres toneladas de hachís, en 76 fardos, valorado en el mercado ilícito en 5,3 millones de euros. Los autores de los hechos habían abandonado toda la droga para evitar su detención.

A raíz de este incidente, y a partir de las primeras pesquisas, los investigadores identificaron a diferentes personas que presuntamente habrían participado en este desembarco, y que estaban siendo ya investigadas por la Unidad del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Girona, por lo que se forma un equipo conjunto de investigación.

Uno de los elementos que caracteriza el tráfico de drogas es la necesidad de recuperar rápidamente las pérdidas económicas que se producen cuando los narcotraficantes se ven obligados a abandonar la droga, o cuando los cuerpos policiales frustran los desembarcos.

Ante estas situaciones, las organizaciones criminales, como la investigada, incrementan su actividad ilícita para recuperarse, aumentando los desembarcos de droga.

El entramado criminal investigado no dudaba en modificar su forma de operar, así como en variar las personas con las que trabajaban, tanto en la aproximación por mar, como por tierra y, de este modo, incrementaban cada vez más la capacidad operativa para aumentar sus beneficios. Los investigadores calculan que habrían realizado un desembarco de hachís cada dos semanas y que cada embarcación podía llegar a la costa cargada con una media de tres toneladas de hachís.

La investigación ha permitido constatar que, por primera vez, una organización criminal especializada en tráfico de hachís y asentada en el sur de España, concretamente en Málaga, se habría coordinado con otra organización arraigada en Cataluña, en Manlleu (Barcelona), para llevar a cabo con éxito los desembarcos de droga en territorio catalán. Sin embargo, ambas organizaciones también tenían capacidad para gestionar y materializar envíos de forma independiente.

El grupo asentado principalmente en Málaga, estaba formado por ocho personas, de las cuales cinco fueron detenidas en la ciudad andaluza, dos en Zaragoza y una última persona ubicada en Melilla resultó investigada. Este grupo se desplazaba a Cataluña para encargarse de la recepción de la droga en las calas catalanas y de su distribución en el mercado ilícito europeo.

Los miembros de este grupo contaron con la ayuda y la infraestructura del grupo asentado en Manlleu. La vertiente catalana del entramado estaba formada por más de 24 personas, arraigada principalmente en la zona de Manlleu, en la comarca barcelonesa de Osona.

Desde allí, los investigados buscaban y controlaban los puntos de la costa donde llevar a cabo los desembarcos y avisaban a la vertiente andaluza de los puntos exactos donde debía desembarcarse la droga. También preparaban la logística necesaria para asegurar el éxito de los envíos: buscaban las 'guarderías', cambiaban de localización la droga para evitar la acción policial, alquilaban vehículos para su transporte y ayudaban al grupo de Málaga en parte de la distribución.

Desde el inicio de la investigación hasta el momento de la desarticulación del entramado criminal, los investigadores consideran que la organización habría realizado 19 desembarcos de hachís en distintos puntos de la costa catalana, la gran mayoría de ellos en la Costa Brava: Roses, Cadaqués, Begur, Llafranc y Tossa de Mar. Y, más recientemente, en otros puntos como L'Hospitalet de l'Infant y Cabrera de Mar.

De todos estos desembarcos, los investigadores han podido frustrar cuatro y han localizado una de las guarderías:

En esa fecha de 7 de junio, en el marco de la investigación, se estableció en el Maresme un dispositivo policial para interceptar un envío de hachís por vía marítima, contando con la colaboración de los medios navales, incluyendo el Buque de Operaciones Especiales 'Fulmar', que en esas fechas tenía desplegados el Servicio de Vigilancia Aduanera en la costa mediterránea para otra operación de lucha contra el tráfico de hachís.

En la zona donde los operativos estaban desplegados se detectó una segunda embarcación semirrígida, ajena a los hechos investigados, que intentó traspasar la droga a otra organización que les esperaba en tierra. El despliegue policial realizado, con medios marítimos, aéreos y terrestres, propició que durante la huida los ocupantes de esta primera embarcación lanzaran por la borda 77 fardos de hachís con un peso aproximado de tres toneladas. Instantes después también se logró interceptar una segunda embarcación gestionada por el entramado criminal investigado.

El total de la droga intervenida en estas operaciones atribuibles presuntamente al entramado investigado supera las 18 toneladas de hachís, con un valor en el mercado ilícito de 36 millones de euros.

Una de las características de los investigados que han alertado al equipo policial es la cantidad de armas y munición localizadas en distintos hechos delictivos vinculados con este entramado. Se han intervenido cinco armas de fuego, entre las que se encuentran dos de guerra municionadas, una escopeta táctica del calibre 12 y dos pistolas.

Además, se localizó munición de hasta tres armas distintas en dos de los puntos de la Costa Brava donde se presume que se consumaron desembarcos de hachís; en la cala Culip (Cadaqués) y en la cala Giverola (Tossa de Mar).

Uno de los factores por los que los investigadores consideran que se ha incrementado la peligrosidad con este tipo de hechos es que se han detectado a personas al servicio de la organización con el rol de garantizar la seguridad durante los desembarcos de la droga en la playa y los inmediatos traslados hasta las 'guarderías', donde la depositaban antes de distribuirla.

Durante la investigación se identificó a un grupo de cinco personas encargadas de cumplir con este encargo. De hecho, en octubre de 2023, en Girona, se detuvo a dos de estos hombres cuando volvían presuntamente de un acompañamiento de droga, y llevaban dos fusiles de asalto municionados en el maletero del vehículo de alquiler que utilizaban.