En los últimos años la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) viene detectando un cambio de paradigma en Melilla en cuanto al modus operandi empleado por las organizaciones criminales dedicadas al fomento de la inmigración irregular con destino al Espacio Schengen, se ha constatado un descenso de los delitos basados en la falsificación de documentos de identidad o de viaje, los cuales eran detectados en los controles policiales llevados a cabo tanto en la frontera como el puerto y aeropuerto de la ciudad, así como en la utilización de la documentación de otras personas al objeto de superar estos controles constituyendo un delito de usurpación de identidad.
Actualmente, se registra un aumento de los delitos que implican la introducción de elementos de falsedad en los procesos de obtención de autorizaciones para la residencia y trabajo e incluso de obtención de la nacionalidad española.
Este cambio es fruto del mayor control que se lleva a cabo en la frontera de Beni Enzar con la implantación de nuevos sistemas automatizados de inspección fronteriza, la suspensión temporal de la exención de visado para ciudadanos marroquíes de la provincia de Nador, la presión policial hacia las redes que introducían inmigrantes irregulares mediante embarcaciones y la sentencia del Tribunal Supremo que acordó la libertad de movimiento desde Melilla hacia la península de los solicitantes de Protección Internacional, todo ello tras la reapertura de las fronteras en la etapa pos Covid.

Desde inicios de 2021 hasta el cierre del ejercicio 2024, se explotaron un total de 101 operaciones policiales sobre dicha temática delictiva, arrojando casi 429 personas entre detenidos y en situación de investigadas como responsables penales. Continuando con dicha tendencia durante el primer trimestre de 2025 donde se han finalizado con éxito un total de 10 operaciones relacionadas con falsedades documentales en los procesos de obtención de autorizaciones de residencia, resultando detenidas o investigadas 77 personas por dichos motivos.
Esta modalidad delictiva, implica irremediablemente la participación de personas familiarizadas con la burocracia inherente a tales procesos, además de un profundo conocimiento de la legislación de Extranjería, reduciéndose el número de personas capacitadas para la comisión de estos delitos, lo cual permite a los autores cobrar fuertes sumas de dinero a los ciudadanos extranjeros que pretendan obtener documentación por esta vía ilícita, siendo habitual la participación en los mismos de profesionales de la abogacía o la gestión administrativa, aunque en otras ocasiones se trata de personas que ofrecen sus servicios de asesoramiento o gestoría sin estar colegiados en esos campos.
Toda esta actividad de lucha contra la inmigración irregular mediante la regularización fraudulenta a través de las diferentes figuras que se recogen en la legislación de extranjería requiere, para una adecuada respuesta policial, una mayor formación, especialización y dedicación que posibiliten la eficaz detección y persecución de tales delitos, recayendo dicha tarea sobre los integrantes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Melilla.
Estos resultados son fruto igualmente de la excelente colaboración con la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Melilla tanto en la oportuna comunicación de actividades fraudulentas detectadas, el intercambio de información y documentación en el seno de los procesos judiciales abiertos y el asesoramiento técnico, constituyendo un modelo de colaboración entre administraciones ejemplar en aras a un objetivo común como es la transparencia y el estricto cumplimiento de la legalidad en la regularización y obtención de autorizaciones de residencia por extranjeros.