Desarticulado un grupo criminal implicado en una macroestafa piramidal que ofertaba productos de inversión con una atractiva rentabilidad

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal implicado en una macroestafa que, presuntamente, ofertaba productos de inversión con una rentabilidad atractiva. La cantidad defraudada se sitúa entre los 40 y los 70 millones de euros y afecta a multitud de ahorradores a nivel nacional. Los investigados se valían de un entramado societario complejo -compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido- y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias de nuestro país para ofertar sus productos. Además de contar con un departamento comercial cuidadosamente seleccionado (entre gente de la banca y de los seguros), llevaba a cabo campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito para ganarse la confianza de los inversores, llegando a ser premiado por diferentes organismos a nivel nacional. La operación, que ha sido desarrollada en diferentes fases, ha finalizado con el arresto de nueve personas –ocho de ellas en Ponferrada (León) y una en Madrid-, la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de dos millones y medio de euros.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero. Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a interponer denuncias, tanto en dependencias policiales como en juzgados de toda España, al no poder recuperar su inversión. Las víctimas habían invertido diferentes cantidades de dinero, que van desde los 5.000 euros hasta los 2 millones de euros, en productos ofrecidos por diversas sociedades de dicho grupo.

La investigación ha tenido desde su inicio un extenso seguimiento por parte de los medios de comunicación. Esto ha provocado que muchas de las víctimas se enteraran de los hechos y hayan denunciado, abriéndose multitud de procedimientos judiciales hasta que la Audiencia Nacional asumió su investigación.

La macroestafa se realizaba utilizando un esquema "Ponzi" en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido.

Al ser una estafa tipo "Ponzi", los primeros inversores han conseguido recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos. El grupo desarticulado, a través de diferentes sociedades, ofrecía productos financieros con una rentabilidad atractiva a medio o largo plazo, haciendo creer a los inversores que dichos productos se encontraban bajo el respaldo de entidades aseguradoras de primer nivel.

Para ganarse la confianza de los clientes, en primer lugar creaban una gran infraestructura de oficinas desplegadas por todo el territorio nacional. Para ello, contrataban a comerciales con experiencia (personal cuidadosamente seleccionado del mundo de la banca y los seguros), a través de sustanciosas ofertas salariales, cuya función era captar el mayor número de clientes posible. Por otra parte, pagaban la rentabilidad a los inversores que solicitaban el rescate, lo que provocaba que éstos hablaran motivadamente de la gran oportunidad que se les había presentado. Y por último, realizaban campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito que, incluso, consiguió que su labor fuera premiada por diferentes organismos y reconocida en distintos medios de comunicación.

Además, para reforzar la imagen de solvencia económica, falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital millonarias que eran inexistentes. Por otra parte, la investigación ha revelado que ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ni el Banco de España habían autorizado a las sociedades del grupo a operar en el ámbito de la inversión particular.

Tras el análisis de las más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes han podido determinar que parte de los fondos se han utilizado para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como -en menor medida- del resto de los integrantes del grupo. Otra parte importante de los fondos era destinada a la expansión a nivel nacional. En este sentido, llegaron a abrir hasta 29 oficinas por todo el país, con las que se sospecha que pretendían llegar al mayor número de inversores posibles para que la estafa se prolongase en el tiempo masificando así sus beneficios.

Parte de los fondos también eran utilizados para pagar productos o servicios de lujo, tales como vuelos privados, alquiler de yates, compra o alquiler de vehículos de alta gama, relojes de lujo o estancias en hoteles de cinco estrellas.

En aras de recuperar la mayor cantidad de capital posible para asegurar la indemnización de las víctimas, los agentes han localizado y bloqueado posiciones bancarias a nombre del principal investigado, así como de las sociedades del grupo, vehículos y bienes inmuebles en España.

A mediados del pasado año, una vez que el principal investigado tuvo conocimiento de la investigación policial, comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar capital fuera de España. Cuando su estructura empresarial colapsó, y quedó en evidencia la estafa, éste huyó a Colombia. En diciembre de 2023, al regresar a España, fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más aterrizar el vuelo procedente de Colombia en el que viajaba. Debido a la actuación policial, y a las pesquisas practicadas hasta el momento, el juzgado ordenó la retirada de su pasaporte con el fin de evitar que abandonase nuevamente el país.

El pasado mes de marzo se realizó otro operativo policial en el que los agentes detuvieron a otras siete personas y registraron el domicilio del principal investigado y su mujer en Ponferrada (León). Fruto del mismo intervinieron un ordenador de sobremesa, dispositivos de almacenamiento masivo, teléfonos móviles y documentación relacionada con pólizas y con las sociedades investigadas, así como dos vehículos de alta gama y numerosos relojes y bolsos de lujo.

Posteriormente, en el mes de mayo, se llevaron a cabo varios operativos en los que se realizaron los registros del archivo central del grupo financiero y de los locales que constituían las oficinas de la sede del grupo. En estas actuaciones policiales, además, los agentes detuvieron a una novena persona e imputaron a otra como investigada no detenida. Como resultado de los registros, se incautaron varios discos duros y numerosa documentación relacionada con los hechos, entre ella contratos de más de 200 víctimas.

Fruto de la investigación, los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo investigado, así como de los principales miembros del mismo, y pólizas de seguros. Concretamente, se ha bloqueado una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. Además, se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.