Guía de San Pedro Alcántara
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La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro, ha celebrado "enérgicamente" la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en Les Corts. "El Botánico hace los deberes ante la urgente necesidad de descarbonitzar la economía valenciana, de adaptarnos a los retos del cambio climático y por la justicia climática ante la vulnerabilidad", ha manifestado Navarro.
En palabras de Navarro, "esta Ley es el compromiso del pueblo valenciano con sus generaciones futuras, con el territorio y con el modelo socioeconómico que necesitamos". Además, ha destacado que con la reciente aprobación se establece el marco normativo "para garantizar una transición ordenada hacia un modelo social, económico y ambiental resiliente en carbono y adaptado a los futuros escenarios climáticos".
Entre otros, el objetivo es reducir como mínimo las emisiones difusas un 40% en 2030 y ser neutros en 2050.
La consellera también ha querido defender que "el momento es ahora porque frente al negacionismo climático hace falta un modelo más amable, sostenible y justo gracias al compromiso y la acción de la sociedad valenciana en su conjunto".
La finalidad es establecer las bases para el impulso de las energías renovables, el desarrollo rural, la mejora de la salud, el medio ambiente, la concienciación y la justicia social "asentadas sobre un sistema energético renovable, eficiente, descentralizado y multilateral", ha explicado Navarro.
Además, la Ley ha contado con una elevada participación en su elaboración. Antes del propio inicio normativo, más de 80 personas expertas del mundo académico, empresarial, investigador, sociedad civil y administración abordaron de forma transversal distintas temáticas para su contenido y alcance.
Principales medidas
Ante la crisis energética actual, una de las principales acciones se centra en acelerar la descarbonización y la soberanía energética. Por eso, la Ley contempla medidas de transición energética para impulsar la producción de energías renovables y distribuida, favoreciendo el autoconsumo y la participación local en las instalaciones de generación de energía. Entre otros, también se impulsa la generación de puntos de consumo aislados, el autoconsumo y las comunidades energéticas locales y al aprovechamiento de los grandes aparcamientos en superficie y de cubiertas.
La movilidad sostenible es otro de los puntos donde se pone énfasis para favorecer la integración y la intermodalidad de los varios modelos de transporte, la delimitación de zonas de bajas emisiones, la movilidad libre de emisiones y la promoción del uso de la bicicleta, vehículos compartidos, el transporte público, y la movilidad eléctrica.
Aun así, por la reducción y compensación de emisiones, tanto las administraciones públicas como el sector privado tendrá que calcular su huella de carbono y hacer planes de reducción.
Otra de las claves pasa por la fiscalidad verde que grave las actuaciones que incrementen las emisiones de gases con efecto invernadero. Es el caso de impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos que se adquieran a partir de 2025, sobre la emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera de actividades industriales emisoras de CO₂ o un impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.
También se incorpora la perspectiva de cambio climático a la planificación hidrológica, creando el registro público de la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones. Así como fomentar sistemas de drenaje sostenible en entornos urbanos, o la reutilización y aprovechamiento eficaz y sostenible de las aguas regeneradas y pluviales y la minimización de las pérdidas de agua.
Una perspectiva climática que también se tendrá en cuenta en el ámbito agrícola, impulsando la evaluación de los riesgos en el sector, la actividad y el territorio, y con una apuesta importante por las prácticas ecológicas.
En cuanto a las zonas costeras, se avanzará de manera significativa en la reducción de los riesgos generados por la acción del clima en toda la línea del litoral valenciano, de los riesgos derivados de los cambios permanentes del nivel del mar y el aumento de temperaturas y su efecto en la climatología atmosférica. También contempla revisar el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana.
Se elaborará la Estrategia Valenciana de Transición Justa que constituirá el instrumento de ámbito autonómico dirigido a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario para colectivos vulnerables, trabajadores, sectores económicos y territorios en la transición hacia una economía baja en carbono, analizando las oportunidades de creación de actividad económica y ocupación vinculadas a la transición ecológica o los instrumentos para el seguimiento del mercado de trabajo en el marco de la transición.
Además, se seguirán fomentando y promoviendo programas de comunicación y educación ambiental sobre el cambio climático desde el conocimiento científico, así como el impulso a la implementación de titulaciones de formación profesional.
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