Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal y detenido a sus cuatro miembros, dos varones y dos mujeres, de entre 52 y 57 años, de origen cubano e italiano, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, tras regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos cubanos en el territorio nacional. Falsificaban documentación para simular una relación paterno-filial de residentes cubanos con ciudadanos españoles fallecidos, lo que les permitía obtener autorizaciones de residencia e incluso posteriormente la nacionalidad española.
La investigación tuvo comienzo hace aproximadamente un año cuando agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia detectaron irregularidades en numerosos expedientes de ciudadanos extranjeros cubanos que habían sido tramitados ante la Subdelegación del Gobierno de Valencia a fin de obtener autorizaciones de residencia y trabajo.
Se hacían pasar por abogados en materia de extranjería
En el transcurso de las pesquisas los agentes averiguaron que en la tramitación de dichos expedientes habrían intervenido otras personas, que al parecer, formarían parte de un entramado criminal. Estas captaban a ciudadanos cubanos y les ofrecían sus servicios como abogados especializados en materia de extranjería con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España, llegando a cobrarles entre 1.000 y 3.000 euros.
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Seguidamente, aportaban a la Subdelegación del Gobierno de Valencia partidas de nacimiento cubanas falsificadas, simulando una relación paterno-filial con ciudadanos españoles fallecidos. Esta maniobra les permitía obtener indebidamente una autorización de residencia temporal por razones de arraigo e incluso, posteriormente, la nacionalidad española.
Finalmente, tras identificar a los integrantes del entramado delictivo, la operación se saldó con la detención de cuatro personas, dos varones y dos mujeres, sin antecedentes como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Los arrestados fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello.