La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Agricultura una reducción general del 50% al IRPF del campo por la sequía y el aumento de costes

El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, acompañado por el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha participado en una jornada formativa sobre la PAC 2024, organizada por Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, con motivo de nueva campaña de la solicitud única de la PAC, que este año vuelve a su fecha tradicional de apertura de ventanilla, el pasado 1 de febrero.

Molina ha destacado la labor de las entidades reconocidas como Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba por su larga trayectoria de años de colaboración pública-privada en las campañas de la PAC, apoyando la gestión de la Consejería de Agricultura con el objetivo de beneficiar a miles de agricultores y ganaderos de la provincia. En este sentido ha puesto de manifiesto que Cooperativas Agroalimentarias es un actor fundamental al gestionar más del 60% de los expedientes de la PAC.

El delegado del Gobierno ha expuesto que el campo llega a esta jornada "atravesando problemas muy serios, como las consecuencias de la sequía, la injusta cadena alimentaria y una crisis de precios". Por estos motivos, el delegado ha recordado que la Junta ha solicitado al Ministerio de Agricultura una reducción general del 50% al IRPF del campo por sequía y aumento de costes, que se incrementaría hasta el 75% para los profesionales andaluces de la ganadería, y al 80% en el caso de bovino de leche y carne, ovino y caprino de leche y carne, porcino de carne, avicultura y cunicultura, así como del 100% para la apicultura. Esta petición ha sido consensuada con los miembros de la mesa de interlocución: Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarios de Andalucía.

Además, el Gobierno andaluz ha acordado solicitar una reducción adicional del 5% para el sector bovino, ovino, porcino, avicultura y cunicultura, lo que llevaría a una reducción total de un 80% tras sumarse al 75% solicitado de forma general para el sector ganadero. Esta postura de la Junta se justifica por el aumento del precio de las materias primas utilizadas para la alimentación del ganado, agravado por el conflicto bélico de Ucrania, que incrementó el precio de los cereales y piensos elaborados, así como por la situación de sequía, que ha provocado un incremento de la dependencia de este tipo de pienso ante la escasez de pasto natural.

Igualmente, la Consejería de Agricultura ha solicitado una rebaja de módulos adicional al 50% generalizado propuesto para los sectores agrícolas (cítricos, olivar, uva de mesa con y sin denominación de origen, así como algodón), por lo que la petición total supone una reducción de los índices de rendimiento neto del IRPF del 60%. El índice propuesto para los cítricos y el olivar es del 0,10, en lugar de 0,26, mientras que se solicita bajar del 0,26 y del 0,32 al 0,10 y al 0,13, respectivamente, para la uva de vino de mesa sin y con denominación de origen. Por último, se propone bajar al 0,15, del 0,37 normal, el cultivo del algodón.

Durante su intervención, el delegado del Gobierno ha hablado también de que esta misma semana, el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que pone de manifiesto su apoyo al sector agrario andaluz ante la complicada situación de rentabilidad que registran sus explotaciones agrarias y que se ha visto agravada por la entrada en vigor en 2023 de una profunda reforma de la PAC, con una reducción en su presupuesto y mayores exigencias medioambientales.

Como ha explicado, la Junta "comparte las preocupaciones de los agricultores y ganaderos y valora el alto grado de interlocución, que ha posibilitado que, un año más, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, así como Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía presenten alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Como ha indicado el delegado, la declaración aprobada manifiesta que son necesarias una serie de actuaciones para adaptar la PAC a los problemas reales del sector agrario, "para asegurar unos precios relativamente estables a productores y consumidores, más presupuesto para hacer frente a las actuaciones de tipo medioambiental o de bienestar animal y sanitario, actualizar las ayudas directas, acometer una simplificación real, introducir las cláusulas espejo o reforzar la gestión del agua".

El objetivo es reforzar la sostenibilidad y competitividad del sector agroalimentario, permitiéndole afrontar los retos futuros y contribuyendo así a fortalecer la seguridad alimentaria y la generación de riqueza y empleo, en en estrecha colaboración con el sector.

Molina ha reclamado "decisiones serias y rápidas por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea y ha reivindicado más flexibilidad en las normativas para que el sector agrario sea rentable, que se impongan las cláusulas espejo y que Europa aporte más financiación a la agricultura". Igualmente se ha referido a que la Junta considera que "sostenibilidad y medio ambiente no son antagónicos y la Consejería de Agricultura invierte para tener una agricultura de calidad, sostenible y de futuro".

El Gobierno andaluz ha aprobado ayudas agroambientales en el primer año de la nueva PAC, 346 millones de euros, a la vez que ha triplicado las ayudas a jóvenes agricultores: de los 30 millones de 2018 a los 90 millones actuales, mientras que las ayudas para modernizar explotaciones ascienden a 105 millones de euros.

Para concluir, Molina ha manifestado que "la economía de la provincia de Córdoba está basada en la agricultura y la ganadería, por lo que desde el Gobierno andaluz va a apoyar siempre al sector", a la vez que ha afirmado que "es necesario revisar la política agraria actual para adaptarla a la realidad de un sector al que todos debemos mucho".