La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abonado a los consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores 12.127.207,19 euros para retribuir los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita durante el último trimestre de 2023, de los que 954.880,11 euros corresponden a las asistencias realizadas por los profesionales cordobeses.
En concreto, la Junta ha abonado 95.628 euros por los servicios del turno de oficio realizados por los procuradores en la provincia de Córdoba entre octubre y diciembre, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no presentaban ningún error. El pago fue realizado el 6 de febrero al Consejo Andaluz de Procuradores que a su vez se encarga de remitir la cuantía correspondiente a sus colegios provinciales para que las reciban los profesionales.
En el caso de los abogados, la Consejería ha pagado 859.252,11 euros tanto por las asistencias realizadas durante el turno de oficio y como por las guardias. En concreto, 799.365,83 euros corresponden a los servicios prestados por los profesionales del Colegio de Abogados de Córdoba (562.857,83 euros por el turno de oficio y 236.508 euros por las guardias) y 59.886,28 euros a los letrados de Lucena (31.251,28 euros por el turno de oficio y 28.635 euros por las guardias).
Una vez que el 31 de enero se recibieron por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) las certificaciones de los servicios realizados durante el cuarto trimestre de 2023, el pasado viernes se procedió al abono de aquellas que no requieren ningún tipo de subsanación dentro de los primeros 20 días hábiles del mes. Plazo que, ya se ha establecido como habitual gracias a las reformas realizadas por el Gobierno andaluz y que acabaron con los retrasos que acumulaban estos pagos en anteriores etapas, que llegaban a ser de hasta un año. Igualmente, el CADECA es el encargado de transferir a cada colegio provincial las cuantías que les corresponden para que las reciban los letrados.
La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que prestan este servicio ya que "garantizan una asistencia jurídica profesional a todos los ciudadanos".
El próximo pago a los abogados y procuradores, que será el del primer trimestre del año, ya se realizará con la nueva Orden de módulos y bases que regula las compensaciones económicas que perciben estos profesionales, que ha entrado en vigor este 1 de enero y que incrementa sus retribuciones por primera vez desde 2009.
Además, la nueva Orden incluye la retribución por procedimientos que hasta ahora no eran cubiertos por la Justicia Gratuita como el asesoramiento en procesos de mediación o el trabajo desempeñado a requerimiento judicial aunque finalmente la persona atendida no tenga derecho a un abogado de oficio por no cumplir los requisitos.
Las cuantías por las guardias ya se incrementaron en 2023, y se incrementó su número para incluir más de 7.500 especializadas para atender a víctimas de violencia de género.