El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso, ha realizado en la jornada del martes un balance de la situación en Córdoba de las enseñanzas relacionadas con la Educación Especial. En el marco de un compromiso continuo con la educación inclusiva y la mejora de la calidad educativa, la provincia ha experimentado un crecimiento notable en el último lustro, marcando un hito en el compromiso de la Junta por brindar apoyo a los estudiantes que más lo necesitan.
En 2019, los centros sostenidos con fondos públicos cordobeses atendían a 16.090 estudiantes en el ámbito de la Educación Especial. Actualmente, dicha cifra se ha situado en 15.354, lo que representa una disminución de 736 alumnos y alumnas. Esta reducción refleja un cambio positivo, puesto que uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se ha centrado en la inclusión de más jóvenes con necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias, lo que ha permitido una atención más personalizada y efectiva.
En lo que respecta al número de unidades de Educación Especial en Córdoba, ha aumentado de 629 en el 2019/20 a 696 en el presente curso escolar. Esto representa, pese al descenso de alumnado, un incremento de 67 unidades, signo inequívoco del compromiso de la Junta en esta materia. De esas unidades, 219 corresponden a aulas específicas, las cuales están repartidas en 186 aulas específicas de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos y 33 aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista).
La oferta formativa para el curso 2023/24 incluye, igualmente, siete Programas Específicos de Formación Profesional Básica ubicados en IES de la provincia, así como Planes de Compensación Educativa que afectan a 55 centros y 17 docentes, Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral, Programa Más Equidad (72 centros), Programas de Bienestar Emocional (50 centros) o Programa PROA+ Transfórmate (29 centros).
En cuanto al personal docente especializado, Córdoba también ha experimentado un considerable crecimiento. En el curso 2019/20, el número de docentes ascendía a 646, mientras que en el 2023/24 la cifra se eleva a 731, distribuidos en Pedagogía Terapéutica (523) y Audición y Lenguaje (208). Esto representa una subida del 13 % (85 maestros y maestras).
El aumento de profesionales también afecta a los recursos no docentes. Hace cinco años se contaba con 195 recursos de este tipo. A día de hoy, sin embargo, se aprecia un incremento significativo, llegando a los 273 profesionales (97 en el ámbito de la Función Pública más 176 PTIS). Esto representa un crecimiento en 78 recursos no docentes, lo que equivale a un aumento del 40 %.
Cambios en la normativa que afecta a los Centros de Educación Permanente
Viso, en la comparecencia ante los medios de comunicación, también ha hecho mención a los cambios a realizar por la Consejería en el Decreto 36/2007, de 6 de febrero, que afecta a los Centros de Educación Permanente de Adultos. Con estas modificaciones, respaldadas por el Consejo Escolar de Andalucía, la Consejería pretende que el alumnado adulto continúe adquiriendo, actualizando, completando y ampliando su formación, con itinerarios formativos que le acompañen en su vida laboral. De esta forma, los CEPER y sus diferentes secciones, que en la provincia de Córdoba cuentan este curso con 11.129 matrículas y 181 docentes, refuerzan su carácter de centros de segunda oportunidad, promoviendo la empleabilidad. La Consejería persigue así ampliar y mejorar la oferta para facilitar las posibilidades de acceso que permitan, con mayor garantía, retomar su formación a aquellas personas que lo necesiten o así lo decidan.
Además, el nuevo Decreto mejora la coordinación provincial, estableciendo estas enseñanzas bajo un único servicio, el de planificación de las Delegaciones Territoriales. La modificación se produce en el contexto del cambio normativo establecido por el Gobierno de España en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, que desarrolla la ordenación del sistema de Formación Profesional.
En el mencionado Real Decreto, de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2024, se desarrollan los cursos de formación preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, cuyo currículo se centrará en las competencias básicas que permitan cursar posteriormente con éxito los mismos, y se organizará de acuerdo con el procedimiento de acreditación de las competencias básicas para personas adultas que se regule. Según establece, estos cursos podrán impartirse en los centros públicos, preferentemente centros del sistema de Formación Profesional y de Personas Adultas, por profesorado habilitado para la docencia o, en su caso, con los requisitos previstos y acordes con las materias que deban ser impartidas.