El Ministerio del Interior ha presentado el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que establece cinco objetivos prioritarios y dieciséis líneas de acción que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector y cuyo objetivo es permitir un abordaje multidisciplinar e integral de este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha informado del diseño definitivo del plan estratégico a los representantes de los distintos organismos públicos y entidades especializadas de la sociedad civil que participan en las reuniones de seguimiento la Relatoría Nacional Contra la Trata de Seres Humanos, organismo que lidera el Ministerio del Interior.
"Es un plan ambicioso que pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas", ha señalado el secretario de Estado, que el pasado mes de noviembre ya había informado de su contenido al Consejo de Seguridad Nacional. El plan estratégico puede ser consultado en la página web del Ministerio del Interior, en este enlace.
La finalidad del documento estratégico es doble: por un lado, dotar de mayor eficacia y operatividad a las distintas medidas que ya están en ejecución para prevenir y perseguir la trata de seres humanos y, por otro lado, impulsar nuevas actuaciones que cubran aquellos espacios que han sido abordados en menor medida o para los que aún no se han definido acciones concretas ni atribuido competencias a los poderes públicos.
El plan potencia y articula medidas no solo para mejorar la lucha contra este delito, sino también para facilitar la adecuada asistencia y protección a sus víctimas, todo ello mediante un mecanismo de estrecha cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil.
El plan sitúa a la víctima en el centro de cualquier actuación de los poderes públicos, adecúa su atención a las distintas situaciones de vulnerabilidad, aborda de manera adecuada la dimensión de género, apuesta por un concepto integral de trata que abarque todas las finalidades de este delito, asienta una perspectiva multidisciplinar que garantice la necesaria interacción de todos los actores tanto públicos como privados, con especial atención a la sociedad civil, y, por último, aborda la demanda de los servicios de las víctimas de la trata de seres humanos.