El Ministerio de Justicia de España concluye semestre con importantes avances normativos

El Ministerio de Justicia ha avanzado de manera significativa en el primer semestre de 2022 en los compromisos adquiridos por el Gobierno en su área de trabajo, llevando a trámite parlamentario las tres leyes de eficiencia -organizativa, procesal y digital- con el objetivo de transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible, con las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.

En este sentido, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que el Ministerio que dirige "apuesta por una Justicia como motor de consolidación y promoción de valores europeos, con todos los profesionales e instituciones involucrados y la ciudadanía en centro".

Estas tres normas constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030 que supone un impulso crucial para avanzar en el proyecto país, favoreciendo, mediante la modernización de la Justicia, la cohesión social, económica, territorial y digital. "Tenemos un gran proyecto de digitalización en la Administración de Justicia, una suerte de Justicia 5.0, que nos sitúa en parámetros de vanguardia y como referentes a nivel europeo", ha señalado Llop.

Las leyes de eficiencia organizativa y procesal recibieron en visto bueno del Consejo de Ministros el pasado mes de abril. Por su parte, la ley de eficiencia digital pasó ese mismo trámite en segunda vuelta hace apenas dos semanas.

Este conjunto de normas servirá para atender, de forma prioritaria, a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia. Todas ellas configuran un modelo de coordinación y decisión, basado en la cogobernanza, que se ha consensuado entre las CCAA, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado y la FEMP, y que fomenta un modelo de colaboración público-privado.

Al abrigo de estos avances, en este semestre se ha alcanzado un hito largamente reivindicado: la interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal autonómicos con el Tribunal Supremo lo cual constituye, en palabras de la ministra, "un primer gran paso, esperado durante años, para avanzar en el diálogo tecnológico que tiene que existir entre territorios, y que permite que todos los juzgados hablen entre sí, que los juzgados hablen también con otras instituciones, con fiscalía y con los distintos territorios".

Uno de los avances más importantes de este semestre ha sido el programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial, fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado.

El programa contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros. De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con un total de 6.611 euros anuales y, al cierre de esta primera convocatoria, se habían recibido casi 900 solicitudes.

Cabe destacar, en el ámbito formativo, que se han ofertado diferentes cursos para los operadores jurídicos sobre sensibilización y prevención de violencia contra las mujeres, en perspectiva de género y lucha contra la violencia de género, así como para facilitar la detección y atención de víctimas de trata.

Precisamente en relación a la trata, Pilar Llop firmó, a finales de marzo, una orden por la que se constituía una Sección especial en la Comisión General de Codificación para la elaboración de un borrador de texto para una ley integral contra la trata de seres humanos, cuyo objetivo es un alcance general que permita identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata, en especial la trata con fines de explotación sexual, que es la trata más frecuente y además tiene un claro componente de género.

Para combatir la violencia contra las mujeres, el Ministerio de Justicia ha publicado este semestre el Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

Este protocolo tiene como objetivo establecer pautas de actuación pericial que ayuden a los médicos forenses a actuar de la mejor manera posible ante una víctima que ha sido objeto de una agresión sexual reciente, implementando una actuación pericial de calidad y estandarizada, respetuosa con la situación de la agredida y que incorpore los avances tecnológicos y ético-legales en la recogida, conservación, envío e investigación de indicios biológicos.

El Ministerio que dirige Pilar Llop, a través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), también ha desarrollado un kit de muestras para análisis toxicológico en casos de sumisión química, que está previsto que esté disponible antes de que acabe el año para los profesionales de la Justicia.

Además, se ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita con el fin de que las víctimas de violencia de género no sean asistidas y representadas por letrados del turno de oficio que hubieran sido condenados anteriormente por esta misma causa.

Finalmente, la ministra de Justicia ha firmado una Orden ministerial para conceder una subvención directa de un millón de euros al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la asistencia psicológica durante el presente ejercicio de 2022 a las víctimas de todo tipo de delito. No obstante, es una medida que se destina de forma especial a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos, ya que un 75% de las víctimas que son atendidas anualmente en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito dependientes del Ministerio han sufrido este tipo de delito.

Además, desde Justicia se ha aprobado el Marco Común en Materia de Igualdad en la Administración de Justicia en cogobernanza con las CCAA, que tiene como objetivo garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la aplicación transversal de la igualdad de género, desde la consideración de la realidad propia y específica de las personas que trabajan al servicio de la Justicia.

Cabe destacar que, durante el primer semestre de este semestre, se produjo el nombramiento de Carmen Alonso como nueva presidenta de la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación (CGC), siendo la primera mujer ocupar la presidencia de una sección del citado órgano. Igualmente, el Ministerio aprobó, a iniciativa de Pilar Llop, la cobertura de las vacantes existentes en la CGC teniendo en cuenta la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Así, se pasó de un 36,87% a un 43,45% de mujeres en ese órgano consultivo.

El pasado 17 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la distribución a las CCAA de los 302.899.390 euros de fondos europeos asignados para los años 2022 y 2023 por el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia al Ministerio de Justicia. La distribución será aprobada por las CCAA en el seno de la Conferencia Sectorial.

Por otro lado, la cartera que dirige Pilar Llop ha prorrogado durante 2022 la dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros. Esta medida extraordinaria para mitigar los efectos negativos que supone la no renovación del CGPJ supone la mayor dotación de recursos impulsados por el Ministerio de Justicia hasta el momento.

Del mismo modo, se han aprobado dos programas de actuación para mejorar las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) en el ámbito de las intervenciones en entradas y registros, así como de las sustituciones que realizan estos profesionales. Así, la retribución se incrementa un 300%.

En cuanto a la transformación digital del servicio público de Justicia, desde el comienzo del primer semestre de 2022 se pusieron a disposición de los usuarios en la sede electrónica del Ministerio de Justicia una serie de trámites telemáticos que, en apenas en un mes de funcionamiento ya superaron los 2.200 expedientes, en un avance hacia la Justicia más accesible y cercana a los usuarios, que podrán acceder a los servicios públicos de justicia durante las 24 horas de los 7 días de la semana.

A finales del primer semestre, el Ministerio de Justicia ha completado la implementación en todo el territorio de su competencia del sistema ACCEDA-JUSTICIA, que permite la tramitación digital de documentos por encima del límite de capacidad de 30 MB con que cuenta LexNET.

Otra innovación relacionada con la transformación digital del servicio público de Justicia es la implantación de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial, como es el caso del Sistema de Dictado Forense, una tecnología innovadora, ágil y eficiente que facilita el trabajo del personal médico en este ámbito y mejora la calidad asistencial a la ciudadanía.

Por otra parte, el Congreso de los Diputados aprobó en Pleno, sin votos en contra, el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, que tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introduciendo reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables, reforzando el tejido productivo.

Esta es una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico. Es una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo.

Fue aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley para luchar contra el fraude digital y la falsificación en medios de pago distintos al efectivo, que cumple con los compromisos normativos adquiridos con la UE, para adaptar la regulación a las nuevas formas de delincuencia y contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE.

El Consejo de ministros aprobó también el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, con el que se hace una transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, más conocida como Wistleblowers.

Por otra parte, se aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley por el que se Regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad, para determinar la mayoría o minoría de edad con pleno respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, y con todas las garantías legales, cuando por carecer de documentación o no ser posible establecer la edad con seguridad, tenga que ser la autoridad judicial quien la determine, tras escuchar las alegaciones de las partes y realizar una valoración ponderada de la prueba que se ha hecho a la persona.

Se ajusta a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo, entre otros organismos. El procedimiento será mucho más ágil y simplificado, con todas las garantías legales de que no habrá pruebas invasivas. Según ha manifestado la propia ministra, "cumplimos con Europa y con los derechos de los menores, estableciendo un sistema más ágil y garantista".

A nivel de cooperación jurídica internacional, la ministra de Justicia ha firmado tres tratados internacionales clave con Nigeria, referentes a asistencia judicial penal, extradición y traslado de personas condenadas, que permitirán luchar de manera más eficaz contra el crimen organizado, las mafias y los tratantes de seres humanos.

Por otro lado, se aprobó por Real Decreto-ley, como medida complementaria de aplicación de las restricciones a Rusia aprobadas por la Unión Europea, la posibilidad de que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles puedan calificar y dar publicidad a los títulos inscribibles, facilitando que se haga efectiva la prohibición de disponer de bienes inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas. Mediante esta norma, si ya se encuentran embargadas las propiedades registradas a sus nombres, ahora se actúa sobre aquellos bienes que pudieran estar a nombre de terceros.

En cuanto al Ministerio Fiscal, la cartera que dirige Pilar Llop aprobó por Real Decreto el Reglamento del Ministerio Fiscal, una nueva norma que deroga y supera la existente, de 1969, para que sea congruente con el orden constitucional.

Igualmente se aprobó otro Real Decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, que contempla la creación de 60 nuevas plazas y el reforzamiento de la especialización en el ámbito de la discapacidad.

Dentro de este ámbito, la ministra de Justicia firmó con Fiscalía General del Estado un Convenio de Prevención de Riesgos Laborales, un avance en los derechos de estos profesionales que sienta las bases del nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales para fiscales.

Las actuaciones más significativas en materia de obras y patrimonio en el primer semestre han sido las de la finalización de la obra del nuevo edificio judicial de Badajoz, con una inversión de 21 millones de euros; y el edificio judicial de Vitigudino (Salamanca), con una inversión de 1.400.000 euros.