El Senado aprueba la Ley del Juego contra la adicción y el fraude en las apuestas deportivas

El Pleno del Senado ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de regulación del juego con el objetivo de luchar contra la adicción, especialmente de los más jóvenes, así como de reforzar el control de la manipulación en las competiciones y del fraude en las apuestas deportivas. La norma, que irá directamente al BOE, ha logrado 146 votos a favor y 113 abstenciones.

La ley pretende también mejorar la seguridad jurídica de los operadores y la protección de los usuarios, especialmente la de menores y personas voluntariamente alejadas del juego.

Los senadores socialistas Esther Carmona, Manuel Fernández Palomino y Alfonso Escudero han lamentado los años de inacción y permisividad de los gobiernos del PP con las apuestas deportivas, especialmente en su modalidad online, y el efecto claramente nocivo que ha tenido en los más jóvenes.

En este sentido, la limitación de la publicidad de las apuestas deportivas es un compromiso firme y claro de este Gobierno frente a los siete años en los que el Gobierno del PP prefirió mirar hacia otro lado.

La portavoz de Sanidad Esther Carmona ha asegurado que "la adicción al juego es un gran problema que además es invisible en nuestra sociedad. Un verdadero drama que debemos combatir". "Hablamos de personas, familias y dramas que hay detrás del juego. No es el momento de los lobbies y la banca, es el momento de atender a los menores, a los más vulnerables y a las familias que sufren", ha señalado.

Por su parte, Manuel Fernández Palomino, senador por Jaén y portavoz de Consumo, ha aclarado que la ley pretende mejorar la protección de los menores y de los participantes en los juegos y prevenir las conductas adictivas. "Hablamos de auténticos dramas familiares que cada vez llegan en edades más tempranas", ha advertido.

El proyecto de Ley establece que una de las funciones de la Comisión Nacional del Juego sea reforzar la capacidad de evaluación de la eficacia de las medidas sobre juego responsable o seguro exigibles a los operadores. De esta forma, se prohíben comunicaciones comerciales que, por ejemplo, desacrediten a las personas que no juegan u otorguen una superioridad social a quienes sí lo hagan o transmitan tolerancia respecto al juego en entornos educativos o de trabajo.

Por otro lado, y para luchar contra la ludopatía, el Gobierno pondrá en marcha un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego e instará a las Comunidades Autónomas a la firma de convenios de colaboración para la interconexión automatizada entre los distintos registros autonómicos.

Además, se introduce el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas como instrumento técnico en el que estarán presentes los actores interesados en la erradicación del fraude y la manipulación de las competiciones deportivas.

También se introducen directrices mínimas para el uso más seguro de los activos digitales no fungibles, las cajas botín o las mecánicas de monetización de la participación de los usuarios en videojuegos como, por ejemplo, la necesaria información al consumidor en relación con los riesgos de su uso y abuso.

Fernández Palomino ha afirmado que "apoyar esta ley es trabajar para mejorar la vida de la gente y un derecho que no está escrito en ninguna constitución y que se resume en el derecho a pelear para ser felices. Hablamos de personas y familias. Dramas que hay detrás de esta actividad. El Gobierno sigue trabajando en la misma línea, primero restringiendo y prohibiendo la publicidad y hoy vuelve a hacerlo, esta vez con la modificación de la Ley del Juego".

El senador por Cuenca Alfonso Escudero ha explicado que La ley del juego en vigor data del año 2011, por lo que "es necesario una modificación que la ponga al día. El juego es un sector muy dinámico en el que han entrado en escena nuevos actores y modelos de negocio".

Escudero ha hecho hincapié en que "el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Consumo, ha dado prioridad a una modificación legal de este negocio en aras de proteger a las personas más vulnerables y que más pueden sufrir los efectos del juego".

"Es necesario controlar este sector y, por supuesto, dotar a las instituciones de los mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para actuar ante las conductas que menoscaben el correcto ejercicio de la actividad empresarial". "Se debe priorizar el bienestar y la salud de las personas frente al puro beneficio empresarial", ha concluido.