El jefe de la delegación europea de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha trasladado este viernes al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) su preocupación por la ley de amnistía o ley de impunidad impulsada por el Gobierno de Sánchez y ha advertido de que puede provocar una sucesión de cuestiones prejudiciales ante este tribunal por parte de los jueces españoles que deban aplicarla.
"Que nadie se lleve a engaño, el señor Puigdemont no va a tener ningún tipo de amnistía en los próximos meses y probablemente no en este año, porque empieza una batalla judicial que será larga. Tenemos plena confianza en las instituciones europeas y en su Tribunal de Justicia ante una situación que pone a España a la cola de la salud democrática", ha asegurado Adrián Vázquez.
El portavoz liberal se ha reunido en Luxemburgo con el presidente del Tribunal, Koen Lenaerts, dentro de los encuentros institucionales que periódicamente mantiene como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
Vázquez ha comentado su preocupación por la deriva del Estado de Derecho en España, cuestión que ya fue debatida en el Pleno de la Eurocámara el pasado noviembre tras el pacto PSOE-Junts. Ha señalado que la ley de impunidad derivada de ese pacto llevará muy probablemente a los jueces que deban aplicarla a plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, para aclarar si se ajusta a la normativa europea y evitar conflictos.
"Este trámite paralizará la aplicación de la ley y el Tribunal de Justicia tarda entre seis y dieciocho meses en resolver cada cuestión. Que nadie se engañe, el señor Puigdemont no va a ser amnistiado en los próximos meses", ha asegurado.
El portavoz ha explicado que el reciente decreto ley de medidas urgentes en materia de justicia aprobado en el Congreso, con la ausencia pactada de Junts, no evita la suspensión de la ley de impunidad cuando se presentan prejudiciales ante el TJUE. "Se suspende la aplicación porque así lo exige el derecho de la Unión Europea", ha aclarado.
Adrián Vázquez ha compartido también su preocupación por otras cuestiones que dañan al Estado de Derecho en España como el bloqueo del CGPJ, la utilización de la Fiscalía General del Estado o la admisión del 'lawfare' en los acuerdos PSOE-Junts, entre otros.
"Tras la reunión de hoy salgo tranquilo, no por lo que vaya a hacer el TJUE ante la situación tan preocupante que vivimos en España, sino por lo que ya ha hecho en casos como el de Polonia. Existe jurisprudencia cuando un Gobierno decide erosionar la separación de poderes y el Estado de Derecho, la justicia actúa y hay mecanismos para rectificar", ha explicado.