La Agencia Tributaria ampliará el control sobre operadores extranjeros que venden a través de plataformas de comercio electrónico

La Agencia Tributaria extenderá este año el control sobre los operadores extranjeros que venden sus productos en España a través de plataformas de comercio electrónico, una iniciativa que se recoge en las directrices generales del Plan de Control Tributario 2024 publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los operadores objeto de este refuerzo del control se registran formalmente en España y son sujetos pasivos de IVA por las ventas que realizan a consumidores finales en nuestro país, pero no están establecidos en territorio español, de manera que son ellos en estos casos, y no las plataformas, quienes deben declarar e ingresar el impuesto. Sin embargo, su no localización efectiva en España dificulta la comprobación de la correcta tributación de sus ventas.

Para ampliar este control, y además de la nueva obligación informativa de las propias plataformas digitales, resultará de especial utilidad el flujo de información sobre pagos transfronterizos a través de proveedores de servicios de pago. Pero mientras se concreta el intercambio internacional de toda esta información, la Agencia pondrá en práctica un plan que incluye la revisión censal de los vendedores extranjeros para comprobar el cumplimiento formal de sus obligaciones, contrastes entre los volúmenes importados y las cifras declaradas en Aduana por paquetería, requerimientos internacionales específicos y selección de operadores concretos para comprobaciones inspectoras.

A su vez, la Agencia reforzará sus acciones de control relacionadas con el ámbito de la economía digital y los nuevos modelos de negocio. Las mayores empresas del mundo explotan la tecnología y la digitalización en sus distintas vertientes. Ello hace que la problemática fiscal derivada de la digitalización se encuentre actualmente en el centro del debate de las Administraciones tributarias y exige la remodelación de estructuras de trabajo, una planificación adaptada y una mayor proactividad para salir de los procedimientos administrativos habituales en relación con la economía convencional.

En este mismo contexto, se intensificarán los controles sobre los denominados 'neobancos', entidades de pago electrónico y demás sistemas de pago virtual que habitualmente están registradas correctamente en la UE, pero que pueden realizar servicios financieros digitales en España, sin tener presencia física alguna y al margen de las obligaciones de suministro de información de pagos por medio de tarjeta de débito y crédito, lo que podría implicar esquemas de elusión o fraude por parte de quienes utilizan sus servicios de cobro.

Bajo la premisa de que el primer objetivo de la Agencia es el cumplimiento voluntario del contribuyente a partir de la asistencia y la prevención, las directrices del Plan de Control apuntan los avances previstos en la implantación del modelo integrado de información y asistencia, donde se sitúa al ciudadano en el centro del propio modelo, con posibilidad de decidir cómo quiere ser atendido para cada necesidad, dentro de las posibilidades que en cada caso y momento estén disponibles.

La mayoría de los servicios de información y asistencia se prestarán de forma tanto presencial como no presencial –que incluirá un servicio único de atención telefónica a nivel nacional con horario ampliado por las tardes–. A su vez, un catálogo de servicios presentará, de forma sencilla y visual para el ciudadano, toda la oferta de información y asistencia, así como los correspondientes canales que se ofrecen.

Por otra parte, este año se hará efectivo el compromiso adquirido por la Agencia en el marco del Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios de establecer una cita especializada para los profesionales adheridos al código.

Igualmente, como novedades, se ampliará al ámbito del IRPF el servicio 'Informa+' de resolución de dudas complejas, se acaba de crear un nuevo 'informador' para el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y se mejorarán los servicios de atención telefónica para este colectivo, al tiempo que se crean también nuevas herramientas de asistencia virtual para el ámbito aduanero y se impulsan los controles de riesgo censal en la entrada de nuevos contribuyentes bajo el principio OCDE 'right from the start' (atención al contribuyente desde su primer registro).

Con igual objetivo de fomentar el cumplimiento voluntario se ampliarán las campañas de avisos en IRPF para facilitar la corrección de incidencias en las declaraciones antes de una eventual actuación de la Agencia. Además, se facilitará especialmente la navegación por Renta Web para presentar la declaración complementaria de la manera más ágil posible.

Igualmente, se ampliará la campaña de avisos a posibles obligados a presentar Renta que se considere potenciales no declarantes y se extenderá al ámbito de las declaraciones informativas.

Tras impulsar en 2023 la simplificación del lenguaje de los documentos utilizados con mayor frecuencia en su relación con el contribuyente, la Agencia va a continuar en esa línea con otros documentos, caso de los acuerdos de aplazamiento y las providencias de apremio.

A su vez, en el caso de las diligencias de embargo, estas mejoras también irán unidas a la puesta en marcha de esquemas de ayuda mediante solicitud de cita telefónica y mediante un nuevo servicio de chat, redundando así en la reducción de las cargas administrativas que soportan los ciudadanos.

Las directrices destacan también el inicio en 2024 de un modelo unificado de prevención y control con el foco puesto en el cumplimiento voluntario, incrementando la coordinación de las actuaciones de los órganos de control intensivo y extensivo, evitando a los contribuyentes cargas indirectas excesivas mediante un sistema de segmentación del censo y enfocando en todo momento la comprobación de las actividades económicas hacia los contribuyentes que mayor riesgo presenten.

En el ámbito de la fiscalidad internacional, este año se dará un impulso a la figura de las inspecciones conjuntas ('joint audits') y seguirá siendo destacado el control de precios de transferencia (intragrupo) a partir de un sistema automatizado e integral de análisis de riesgos. Además, en materia de grupos fiscales se priorizarán las actuaciones de control sobre las deducciones, especialmente las de innovación tecnológica y las generadas en el marco de las agrupaciones de interés económico.

A su vez, y junto con el control ya habitual de la tributación de los grandes patrimonios, incluyendo la posible simulación de residencia fuera de España o en una CCAA distinta de la real, se avanzará en la búsqueda de nuevas fuentes de información que puedan ser objeto de una explotación masiva mediante técnicas de explotación de datos y se reforzarán los análisis patrimoniales globales para evitar divisiones artificiales de actividad, al igual que el uso abusivo de formas jurídicas para canalizar rentas personales.

En el terreno de la economía sumergida y la ocultación de actividad se mantendrán las entradas en domicilios sociales de empresas con la correspondiente autorización administrativa o judicial y se incidirá en contribuyentes que no admitan pagos por medios bancarios, con ventas a consumidor final o con signos externos de riqueza, patrimonio, rentabilidad o información financiera incoherentes con lo declarado.

También se incidirá sobre las entidades artificialmente creadas para generar facturas falsas y sobre los bienes ocultos detrás de la actividad propia de fundaciones. En relación con posibles conexiones entre la utilización de criptomonedas y los negocios ilícitos o el fraude fiscal, se mantendrá la estrategia de captación de información a través de las empresas intermediarias de la inversión y el pago, al tiempo que comenzará a recibirse este año la información derivada de las nuevas obligaciones informativas sobre monedas virtuales. A su vez, se impulsarán acciones para identificar nuevos posibles métodos y tendencias en los movimientos no declarados de efectivo.

Se seguirá impulsando, paralelamente, la lucha contra las tramas de fraude organizado en el IVA, y especialmente en la comercialización de hidrocarburos, donde se espera que el Registro de Extractores de Depósito fiscal y su control coordinado entre las distintas áreas de la Agencia expulsen del sector a las organizaciones dedicadas a la defraudación en este ámbito.

En cuanto a la actividad del Servicio de Vigilancia Aduanera, en 2024 se dará un nuevo impulso al Plan de Seguridad Portuaria con la colaboración de las empresas concesionarias en el contexto de iniciativas europeas enfocadas a luchar contra la utilización de las terminales de contenedores para el tráfico de estupefacientes por vía marítima, y especialmente de cocaína. También la Agencia liderará y coordinará a nivel europeo una acción operativa impulsada por Europol en relación con el tráfico de drogas.

Por otra parte, y además del habitual control sobre el contrabando de hachís y tabaco, Vigilancia Aduanera reforzará las labores de inteligencia y la cooperación internacional para detectar la eventual entrada en España de fentanilo y otros opiáceos sintéticos similares.

En el área de Recaudación destacará en 2024 la estrategia de coordinación con las áreas de control para anticipar y reforzar el análisis de riesgo recaudatorio a partir de herramientas avanzadas de tratamiento de la información. De esta forma se impulsará el afianzamiento de deudas en ámbitos como el de los grandes deudores, la actuación temprana para asegurar deudas y evitar su acumulación, y la detección de sociedades refugio diseñadas para la ocultación de bienes, entre otras áreas de actuación.

A su vez, se impulsarán mejoras en la obtención de información para el embargo de créditos derivados de cobros mediante TPV y también las personaciones en locales de deudores que continúan con su actividad económica sin minorar sus deudas.