El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está negociando con las Comunidades Autónomas el diseño y el despliegue del nuevo mapa concesional de líneas de autobús para adaptarlo a la realidad de la demanda y mejorar la competitividad, eficiencia y comodidad del servicio. El Ministerio ha iniciado una ronda de reuniones bilaterales con los gobiernos regionales, que continuarán durante junio, para abordar el futuro del mapa y de la gestión de los tráficos.
Ya se ha celebrado una primera reunión técnica con Asturias, Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla la Mancha y Comunidad Madrid. Con las demás comunidades tendrán lugar en las próximas semanas.
El objetivo es que las concesiones del Estado cumplan su papel de canalizar los grandes flujos de transporte en autobús, atendiendo a la demanda de más largo recorrido entre comunidades autónomas, y conectando de forma más directa los principales núcleos de población, con mejores tiempos de viaje y precios más competitivos.
Todo ello bajo el principio esencial de que ningún ciudadano pierda sus actuales oportunidades de viaje, por lo que se está trabajando con las comunidades autónomas para que asuman las rutas o paradas con una demanda eminentemente intrautonómica (tráficos dentro de la misma autonomía). En este sentido, el Ministerio pondrá a disposición de los gobiernos regionales 25 millones de euros en subvenciones directas para su financiar su explotación, a los que hay que sumar 15 millones de euros de los ingresos que generarán los servicios, dando un total de 40 millones de euros.
Así, dentro de las reuniones también se avanzará en el diseño de los mecanismos de compensación a las comunidades autónomas que permitan a éstas integrar en sus redes aquellos tráficos internos de su competencia que aún se vienen prestando a través de concesiones estatales de largo recorrido (pese a tratarse de tráficos de competencia autonómica),
Y es que, de media, el 83% de la demanda de las paradas en los municipios que se están analizando transferir a las CCAA son de carácter autonómico. Además, casi un tercio de estas paradas no tienen ningún pasajero de interautonómico (que quiera viajar entre comunidades), llegando al 77% las que tienen uno o menos al día.
Mejorar los tiempos de viaje
Este rediseño es una evolución necesaria para que este modo de transporte sea aún más efectivo, cómodo y competitivo en este tipo de viajes respecto al vehículo privado, ganando cuota y mejorando así la eficiencia global del sistema, mientras se respeta el marco competencial.
En concreto, la redefinición del mapa permitirá reducir las tarifas un 20% de media y un 30% los tiempos de viaje medios actuales en determinados servicios.
Y es que esta reorganización, adaptada a la realidad de la movilidad de los ciudadanos, permite optimizar tiempos de viaje para los movimientos entre comunidades autónomas, de mayor recorrido y penalizados por excesivos números de paradas en muchos casos.
Además, el diseño del nuevo Mapa Concesional contribuirá a impulsar la renovación de las flotas de autobuses vinculadas a estos nuevos contratos y la digitalización, con nuevas aplicaciones de información al viajero en las que ya se está trabajando desde el Ministerio, y una apuesta por la interconexión de las distintas redes de transporte y la intermodalidad.
Proceso de negociación
Las negociaciones con las CCAA deben avanzar ahora en dos cuestiones importantes:
- La coordinación técnica con las CCAA para completar sus redes de transporte de viajeros por carretera, asegurando la conexión con los nodos principales de transporte, y perfilando y mejorando con las distintas soluciones de movilidad disponibles el diseño de la primera capa de conectividad con los distintos municipios.
- La transición entre el modelo actual y el nuevo. La puesta en marcha del nuevo mapa concesional requiere una transición ordenada y coordinada con la implantación de los mapas concesionales en los que también están trabajando las diferentes comunidades autónomas.
Todo ello sin olvidar el objetivo "marco" del Ministerio de "poner al ciudadano" en el centro, haciendo que la gestión de los servicios (autonómico o estatal) sea algo "transparente" para el ciudadano y se centre en dar respuesta a sus necesidades de movilidad.