Nace la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad para garantizar derechos y movilidad de 90 millones de personas en la región

El Programa Iberoamericano de Discapacidad, cuya secretaría técnica ostenta el Grupo Social ONCE, presentó en Cuenca (Ecuador) la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, un instrumento que ofrecerá un marco regional de reconocimiento de derechos a los 90 millones de personas con discapacidad en la región.

La iniciativa se dio a conocer en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra estos días en Cuenca (Ecuador) y contó con el respaldo del rey de España, Felipe VI, y de los presidentes de Andorra, Xavier Espot Zamora; de Ecuador, Daniel Noboa; y Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El objetivo de esta Tarjeta es posibilitar la movilidad, el acceso a la cultura, al deporte, a servicios de información y comunicación accesibles y al disfrute del turismo por parte de las personas con discapacidad entre los países de la región, en igualdad de condiciones cualquier persona. Esto permitirá posicionar a Iberoamérica como un espacio de referencia en el goce y ejercicio de derechos por parte de todas las personas, incluidas aquellas que tienen algún tipo de discapacidad.

Inspirada en el modelo europeo, la Tarjeta también simplifica el reconocimiento de la discapacidad para desplazamientos temporales, armonizando los criterios y procesos de certificación en toda la región. La propuesta, ya aprobada por los países participantes, se implementará en una primera fase piloto con un grupo de países de los que conforman el PID, cuyos miembros son: Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

El vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, remarcó que la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad marca una hoja de ruta hacia un espacio con más derechos para todos. "Gracias a este proceso, varios países que conforman el PID están desarrollando sus propios sistemas de reconocimiento de discapacidad, mejorando sus procesos de valoración, implementando planes nacionales de accesibilidad o formando a sus administraciones públicas con perspectiva de discapacidad", dijo.

"Estamos convencidos de que es un instrumento de cohesión social, una herramienta para construir más y mejor comunidad iberoamericana, una iniciativa que apuesta por esa Iberoamérica de la innovación, de la sostenibilidad y de la inclusión que todos anhelamos para que nadie quede atrás", añadió Durán con el conocimiento y la experiencia de décadas que el Grupo Social ONCE tiene en España y que le ha convertido en el referente mundial en materia de inclusión de la discapacidad.

Además, la secretaria de Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios, indicó que "con esta tarjeta se fortalecen las iniciativas iberoamericanas para no dejar a nadie atrás, ni ahora, ni nunca" y "se prioriza a las personas con discapacidad, que es un deber del nuevo entendimiento social que requieren nuestros países".

En este sentido, destacó que el Programa Iberoamericano de Discapacidad "es precursor" en esta materia y ahora "avanza en ello" con una nueva iniciativa como esta Tarjeta, que sigue la estela de la que la Unión Europea aprobó de manera definitiva hace un mes para homologarse en todos los países comunitarios y tras pasar los trámites correspondientes en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea.

La atleta paralímpica ecuatoriana Irena Valarezo también participó en el acto como ejemplo y referencia de lucha y compromiso con el colectivo de personas con discapacidad. Además, intervino la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Riaño.

Desde su puesta en marcha, el Programa Iberoamericano de Discapacidad ha apoyado políticas públicas vinculadas al acceso a la educación y al empleo; ha prestado asistencia técnica para mejorar los sistemas de valoración y reconocimiento de discapacidad. Y ha desarrollado diferentes proyectos para contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos.