Greenpeace pide al Gobierno que asegure la continuidad de las bonificaciones al transporte público durante el año 2025 mientras se avanza hacia la implantación de un abono único de transporte que garantice precios justos y asequibles para toda la ciudadanía, con una confirmación y comunicación pública a la mayor brevedad. Este abono permitiría además que las personas usuarias del transporte público pudieran conocer de antemano, y con tiempo suficiente, el precio del transporte lo que generaría seguridad en su economía doméstica.
Para la organización ecologista es muy preocupante que, a menos de dos semanas para que termine el año, se mantenga la incógnita de qué pasará con las actuales bonificaciones al transporte público (los descuentos en los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano, metropolitano e interurbano, que a diciembre de 2024 llevarán vigentes más de dos años). Esta incertidumbre mantiene en vilo a muchas familias porque es una medida que goza de popularidad y ha ayudado a aliviar la economía de los hogares y combatir la emergencia climática.
Los datos demuestran que la iniciativa ha funcionado ya que el número de personas que utilizan el transporte público no para de crecer y han contribuido a la vuelta a los niveles de demanda existentes en 2019. Según datos del INE todos los segmentos del transporte público han recuperado y/o superado los niveles prepandemia. Además, se aprecia una notable captación de usuarios del coche de un 8 % con el consiguiente impacto ambiental positivo.
Además, los descuentos y bonificaciones actuales han contribuido a aliviar la economía de las familias en un contexto de inflación, convirtiéndo a muchos en usuarios habituales. La encuesta de presupuestos familiares del INE expone que de 2019 a 2023 el gasto medio por hogar en transportes se ha reducido un 2,8 %, lo que constituye un ahorro considerable teniendo en cuenta que la movilidad supone el tercer mayor gasto de los hogares. Por otro lado, la encuesta elaborada por Greenpeace destacaba que con la implantación de los descuentos ha habido una tendencia generalizada a usar con mayor frecuencia el transporte público, de ahí que el número de usuarios habituales haya aumentado significativamente, pasando del 28 % al 57,1 %. Al mismo tiempo, cuando se preguntó si continuarán utilizando el transporte público en caso de que se retiraran los descuentos, el 35,7 % declaró que optaría por usar más el transporte privado.
"Sabemos que los descuentos eran una medida temporal y que se aprobaron en un contexto de inflación que ha cambiado. Ahora es tiempo de transitar hacia un modelo de abono único, con una tarifa plana asequible y descuentos para los colectivos que los necesiten. Pero mientras que no está preparado hay que mantener los descuentos para no dar marcha atrás. Además, las personas necesitan conocer con tiempo suficiente cuánto van a pagar por el transporte para poder organizar su vida y su economía familiar", ha declarado Cristina Arjona, coordinadora de Movilidad de Greenpeace España.
La demanda de Greenpeace de un abono único de transporte permitiría a los usuarios y usuarias acceder a todos los modos de transporte público (autobuses, trenes, tranvías, metros, bicis, etc.) en todo el Estado, con una tarifa plana, facilitando la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y eliminando las barreras tarifarias y administrativas entre comunidades. En este sentido, una encuesta realizada por Greenpeace en septiembre mostraba que el 75 % de las personas encuestadas consideraba que un abono único sería "muy útil" para facilitar sus desplazamientos y aumentar el uso del transporte público. Esta petición, que lleva recogidas casi 200.000 firmas, se entregó al ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado mes de septiembre.
Para Greenpeace un tipo de abono flexible impulsaría un cambio modal real y masivo del transporte privado al público, sin el cual es casi imposible reducir las emisiones de este sector Este cambio redundaría también en la mejora de la calidad del aire y la habitabilidad de nuestras ciudades.
En este sentido, también es fundamental dar pasos sustantivos para que la fiscalidad ayude a una movilidad justa y sostenible que beneficie al conjunto de la ciudadanía, y revisar en verde la fiscalidad en el transporte, que es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. "Hay que explicar a la ciudadanía por qué tiene que pagar 2.621 millones de euros anuales para subvencionar el diesel o 4.610 millones para el queroseno de los aviones cuando en España se producen 30.000 muertes prematuras asociadas a los problemas de contaminación. Son recursos que se podrían destinar para una movilidad sostenible en favor de la mayoría como un abono único de transporte", ha destacado Arjona.
Greenpeace señala que en el corto plazo es imprescindible dar seguridad a las personas y no dar pasos atrás en los avances conseguidos en el aumento de personas usuarias del transporte público, que pueden retroceder si esta transición no se hace de forma adecuada. Adicionalmente, se conseguirán ahorros en gastos de combustible, mejoras de la calidad del aire y de la seguridad vial, así como una recuperación del espacio público de las ciudades todos ellos beneficios que van unidos a la disminución del uso del vehículo privado. La población, especialmente los y las jóvenes, se ha subido al impulso del transporte público, que debe seguir siendo la columna vertebral de la movilidad, y esta incertidumbre no debe retrasarlo.