Guía de San Pedro Alcántara
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Las cinco principales organizaciones ecologistas –Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– se han reunido esta mañana con la nueva ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, para trasladarle sus preocupaciones respecto a la crisis ecológica y social.
La mitigación, la protección y la adaptación frente al cambio climático, el freno de la pérdida de biodiversidad, la lucha contra la contaminación, un sistema alimentario sostenible, la detención de la sobreexplotación del territorio y del agua, así como la protección de las personas más vulnerables frente a los efectos de la crisis ecológica y la perspectiva de género en todas las políticas son los principales desafíos a los que se enfrenta España y requieren de la coordinación y colaboración de todos los ministerios. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene una responsabilidad central en abordar estas cuestiones desde una visión ambiciosa, transversal y de largo plazo, han señalado las organizaciones.
Por ello, han trasladado a la ministra varias demandas concretas que han girado en torno a tres ejes:
- Conservar la naturaleza para proteger la vida. Ante el grave proceso de pérdida de biodiversidad, es necesario adoptar medidas extraordinarias para cumplir con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, y especialmente las 23 metas orientadas a detener la pérdida de biodiversidad en 2030: frenar la fragmentación de hábitats y consolidar una red coherente de zonas naturales, incrementar la protección de los ecosistemas marinos y costeros y avanzar en las medidas encaminadas a una gestión del territorio forestal, en especial el establecimiento por parte de las comunidades autónomas de mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio.
- Luchar, protegerse y adaptarse frente a la emergencia climática. La DANA del pasado mes de octubre debe marcar un antes y un después. España debe elevar su ambición climática para cumplir con sus responsabilidades internacionales. Además, la adaptación a los impactos del cambio climático es urgente y debe priorizar a las personas más vulnerables y a las soluciones basadas en la naturaleza. Por todo ello, el sistema energético debe ser más justo, democrático y sostenible, empoderando a la ciudadanía y reduciendo los abusos del oligopolio eléctrico; el despliegue de energías renovables debe ser compatible con la biodiversidad, la producción sostenible de alimentos y las necesidades locales, evitando malas prácticas y enfoques descontrolados, y la reducción de la sobre explotación del agua por las principales demandas para garantizar su disponibilidad, calidad y la protección de los ecosistemas acuáticos.
- Salvaguardar el territorio y asegurar una vida sana y una economía circular. Esto supone actuar en varios frentes: 1/ la regulación de la actividad minera debe adaptarse a los estándares más estrictos de sostenibilidad y seguridad 2/ deben implantarse planes de acción que protejan el suelo frente a su uso como receptor de residuos mezclados de la industrial y la agricultura 3/ garantizar el derecho a un aire limpio mediante el cumplimiento de normativas más estrictas y la implementación de medidas locales eficaces 4/ reducir la generación de residuos y su toxicidad es esencial para avanzar hacia una economía circular y sostenible.
"La crisis climática y ecológica está asociada a su vez con una crisis social donde las personas en situación de mayor vulnerabilidad sufren los impactos ambientales con mayor intensidad. Entendemos que sin justicia social no habrá transición ecológica: sólo mediante la acción coordinada y coherente de las distintas políticas sectoriales será posible satisfacer los objetivos que la transición ecológica justa nos demanda en este tiempo crucial", han concluido las organizaciones.
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