El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola ha mostrado hoy su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales y ha exigido al Gobierno de España que no modifique la actual Ley de Seguridad Ciudadana. La moción, presentada a iniciativa del Partido Popular, ha contado con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox y en contra de PSOE e IU.
La moción, que ha sido defendida por Rodrigo Romero, recuerda que “la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno del Partido Popular y cumple con una finalidad esencial para el conjunto de los españoles: crear un marco jurídico adecuado para proteger las seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades”.
“Desde su aprobación, la Ley de Seguridad Ciudadana se reveló como uno de los instrumentos fundamentales con los que cuentan nuestras FCSE para hacer frente a la amenaza terrorista, por lo que su derogación o modificación sustancial dará oxígeno a esta amenaza”, ha señalado Romero, recordando que, además “con su aprobación, en modo alguno se restringieron los derechos de reunión, manifestación y huelga, ni otorgó a la Policía un poder excesivo, sino que se creó un marco adecuado para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Por otra parte, el concejal ha destacado que esta Ley “ha resultado fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para evitar la extensión de la pandemia provocada por el COVID-198 y, de hecho, ha sido utilizada de forma habitual por el actual Gobierno. Además, la Ley de Seguridad Ciudadana es plenamente constitucional y así lo confirmó la sentencia de 19 de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional, que rechazó con contundencia los argumentos jurídicos que entonces planteó la oposición”.
Por todo ello, “el Ayuntamiento, en representación de la ciudad de Fuengirola, manifiesta su apoyo, sin fisuras, a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por ello, insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a dirigirse al Gobierno de España para, en primer lugar, defender el mantenimiento de su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación les asegura, y que las FCSE dispongan de los medios materiales adecuados para el desempeño de su labor. En segundo lugar, se solicita la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana”, ha concluido Romero.