La Policía Nacional ha detenido en Granada a tres empresarios agrícolas como presuntos autores de delitos relacionados con la explotación laboral de ciudadanos extranjeros. Se trata de dos varones de 42 y 50 años y una mujer de 47, todos ellos de nacionalidad española.
Detenidos tres propietarios de fincas agrícolas como presuntos responsables
La Operación Mecinas ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada quienes han contado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Las actuaciones policiales comenzaron el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento de que varios empresarios españoles explotaban varias fincas agrícolas en las que daban empleo a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en el territorio español y, debido a su situación de vulnerabilidad, se aprovechaban de las condiciones de trabajo establecidas con la finalidad de obtener grandes beneficios económicos.
Las fincas agrícolas donde se estaría explotando laboralmente a los trabajadores se localizaron en la zona de la Alpujarra granadina donde funcionarios de Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevaron a cabo un operativo conjunto fruto del cual se determinó la propiedad de estas fincas y se identificó a 15 trabajadores extranjeros que se encontraban trabajando sin disponer de la preceptiva autorización de residencia y trabajo.
Los empleados manifestaron que sus jornadas laborales eran de una media de 10 horas diarias todos los días de la semana por las que percibían un sueldo inferior al estipulado por los convenios gremiales específicos para el trabajo agrícola desempeñado.
Esta actividad ilícita proporcionaba a los empresarios agrícolas elevados beneficios dado que, por un lado, no abonaban a sus trabajadores el salario íntegro estipulado, y por el otro, no realizaban las correspondientes cotizaciones sociales y de seguridad social de estas personas.
En el mismo operativo, los agentes detuvieron a los tres empresarios propietarios de las fincas, dos varones de 42 y 50 años y una mujer de 47, todos ellos de nacionalidad española y sin antecedentes policiales previos a estos hechos.
El resultado de la investigación ya se ha comunicado a la autoridad judicial.