Agentes de la Policía Nacional junto con la Inspección de Trabajo desmantelan un taller de costura clandestino

La Policía Nacional junto con la Inspección de Trabajo de Granada, han llevado a cabo una investigación centrada en un taller de costura clandestino situado en Loja. Han sido cinco las personas investigadas por delitos contra los derechos de los trabajadores y, finalmente tres son los arrestados. Respecto a las trabajadoras, han sido once mujeres identificadas y ninguna de ellas figuraba de alta en el régimen de la Seguridad Social, incluso, algunas estaban percibiendo algún tipo de prestación o ayuda social. Dos de estas mujeres son ciudadanas extranjeras en situación irregular en el país.

La "Operación Entre Costuras" se inició el pasado mes de mayo cuando, a través de los canales existentes, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada, reciben cierta información que apunta a la existencia de un taller de costura totalmente clandestino, situado en la localidad de Loja, en el que trabajarían mujeres en situación irregular en el país.

En primer lugar, los agentes llevaron a cabo las gestiones de investigación y comprobación precisas y necesarias y finalmente, se ha desarrollado un dispositivo de inspección del local investigado, conjuntamente con el Organismo Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada.

Durante el reseñado operativo, se han localizado once trabajadoras, nueve de ellas de nacionalidad española, una natural de Paraguay y otra de Perú, estas dos en situación irregular, todas ellas sin figurar de alta en el régimen de la Seguridad Social. Además, se da la circunstancia de que algunas de las españolas estaban percibiendo prestaciones por desempleo, subsidios y ayudas de forma simultánea y contraria a Ley.

El taller tampoco contaba con la obligada licencia de apertura ni con cualquier otro permiso administrativo necesario para ejercer esta actividad laboral, por lo que se han formalizado las denuncias administrativas correspondientes, tramitadas a los organismos competentes, tanto locales como estatales.

El local, de envergadura y extensión considerables, alberga, además de diversos puestos de maquinaria precisa para llevar a cabo los procesos de la cadena de producción, como planchado, abotonado y empaquetado de una reconocida marca de camisas, un sofisticado sistema de videovigilancia con cámaras en el interior y exterior, éstas últimas camufladas y ocultas, con el objetivo, posiblemente, de eludir posibles controles o inspecciones. El local se encuentra completamente blindado y protegido en un bajo comercial, habiendo diseñado incluso una estrategia de salida por la puerta trasera del mismo que se comunicaría con un edificio de viviendas, todo ello, al parecer, para facilitar la salida de las mujeres de forma clandestina.

Los agentes han detenido a tres personas como responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores, y dos más han sido investigadas no detenidas.

Este tipo de actividad ilícita y fraudulenta supone un grave perjuicio para la sociedad en general, ya que no existe un control de prevención sobre las actividades laborales que se llevan a cabo en el mismo, ni los procesos de producción, pudiendo provocar incendios u otro tipo de accidentes que suponen un potencial grave riesgo para la integridad física de las personas que habitan en los inmuebles cercanos y colindantes. Además, supone una competencia desleal para aquellas empresas y negocios que actúan de forma acorde a la legalidad vigente, ya que suponen un gran ahorro en impuestos, contribuciones, tasas y cotizaciones. También facilitan el fraude a la Seguridad Social de quienes se benefician indebidamente de prestaciones al mismo tiempo que perciben un salario por ejercer una actividad laboral. Todo ello en detrimento de la sociedad en general.

De igual forma, las personas que regentan este tipo de negocio, podrían aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de algunos extranjeros para atentar contra sus derechos, pues todo trabajador tiene derecho a ejercer la actividad laboral de forma segura, satisfactoria y equitativa, evitando así cualquier tipo de explotación y fraude.

Estas acciones, además de las consecuencias punibles en el ámbito administrativo, cuando se cumplen determinados requisitos, pueden suponer la comisión de delitos tipificados y penados en el Código Penal.