La Junta destina 662.000 euros para el refuerzo de servicios sociales municipales de huelva para gestionar la Dependencia

El Consejo de Gobierno andaluz, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha aprobado la distribución de un crédito de más de once millones de euros en Andalucía, de los que 662.201,35 euros corresponden a la provincia de Huelva, con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia.

Esta dotación, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 710.070 euros en Andalucía, de los que 46.789,35 euros se distribuirán en la provincia de Huelva, según ha informado este viernes la Junta en una nota.

Para su distribución se han establecido criterios relativos a población potencialmente dependiente, personas pendientes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), personas beneficiarias de prestaciones de dependencia y número de Zonas Básicas de Servicios Sociales de cada entidad local. En todos los casos, se ha garantizado, al menos, los créditos consignados en el año 2020 para cada entidad local, según precisa la Junta.

En concreto, con respecto a la distribución de los créditos en la provincia de Huelva, 177.219,71 euros se destinan al Ayuntamiento de Huelva, mientras que a la Diputación onubense le corresponden 272.429,63 euros; 30.990 euros a Aljaraque; a Almonte, 35.939 euros; a Ayamonte, 40.259 euros; a Isla Cristina, 37.881 euros; a Lepe, 34.531 euros, y a Moguer, 32.952 euros.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz

Según pone de relieve la Junta, con este refuerzo de personal será posible la atención más rápida a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

Así se hace "necesario" para el ejercicio 2021 con el objetivo de "garantizar el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las corporaciones locales del ámbito de la comunidad autónoma en materia de dependencia", según abundan desde la Junta.

Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, y los gastos que se financian son relativos al personal encargado de la gestión de solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión. Para ello, este personal deberá contar con la titulación de Asistente Social o diplomatura en Trabajo Social.

Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social, y previa conformidad de la Assda, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.