Casi medio millón de niños y niñas -456.000- de toda Europa y Asia Central viven en centros de atención residencial, incluidas instituciones a gran escala, según un nuevo informe publicado hoy por UNICEF.
Caminos hacia una mejor protección: balance de la situación de los niños y niñas en acogimiento alternativo en Europa y Asia Central señala que la tasa de niños y niñas que viven en centros de acogimiento residencial en Europa y Asia Central duplica la ratio mundial: 232 de cada 100.000 niños y niñas viven en centros de acogimiento residencial, frente a 105 por cada 100.000 en todo el mundo. En España la tasa de niños y niñas acogidos en centros de protección fue de 261 por cada 100.000 en el año 2018, y de 210 en 2022[1].
Para estos niños y niñas, vivir en una institución puede comprometer su desarrollo y bienestar, aunque el informe destaca el éxito de España por conseguir homogeneizar datos agregados a nivel nacional sobre sistemas de asistencia muy divergentes entre sus comunidades autónomas, siendo modelo para países europeos con estructuras de gobierno similares. También menciona el esfuerzo de España para reducir el acogimiento de niños en centros residenciales a través de la "Estrategia de Desinstitucionalización para una buena vida en comunidad", que se ha marcado como objetivos el que "ningún niño o niña menor de 6 años deberá vivir en entornos residenciales en España, y en 2030, ninguno menor de 10 años; el acogimiento familiar deberá proporcionarse al 70% de los niños y niñas en acogimiento alternativo; ningún centro albergará a más de 30 niños y niñas (excepto los de primera acogida)".
UNICEF España aboga por un enfoque preventivo, apoyando a las familias biológicas para evitar en lo posible la separación familiar. También apuesta por el impulso al acogimiento familiar y el soporte a estas familias acogedoras, sean extensas o ajenas. La vida en un centro residencial debe ser siempre la última opción, por el menor tiempo posible y garantizando que se trata de entornos familiares, pequeños, con profesionales formados con capacidades y recursos para ofrecerles cuidado y protección de acuerdo a sus necesidades específicas, incluyendo el cuidado de su salud mental y bienestar emocional.
"Este informe visibiliza las cifras aún tan altas de niños y niñas en los sistemas de protección, y los retos que enfrenta Europa para garantizar el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, incluidos los que viven con algún tipo de discapacidad, los que son víctimas de violencia y los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias" ha valorado la especialista de Protección en UNICEF España, Almudena Olaguibel
"Confiamos en que, en lo relativo a nuestro país, este informe contribuya a impulsar la aprobación final y la implementación efectiva de la Estrategia nacional de desinstitucionalización. Ello requerirá de una acción concertada de los gobiernos autonómicos y el gobierno nacional, bajo el liderazgo del nuevo Ministerio de Juventud e Infancia.El momento es ahora, los niños y las niñas no pueden esperar. España ha asumido compromisos muy concretos a nivel internacional y europeo que tienen que materializarse en cambios reales en la vida de los niños y niñas", concluye.
Europa Occidental tiene la tasa más alta de niños y niñas en centros de acogida residencial, con 294 por cada 100.000 niños y niñas, casi el triple de la media mundial. Esta mayor tasa se debe en parte al aumento en los últimos años del número de niños, niñas y jóvenes no acompañados y separados de sus familias que buscan asilo en Europa. Es necesario buscar medidas alternativas también para ellos, que tengan en cuenta sus experiencias de vida y de tránsito migratorio, sus derechos y necesidades específicas, y que les ofrezcan también soluciones estables y fuera de un entorno de institucionalización.
Los avances han sido escasos también en el caso de los niños y niñas con discapacidad, que en los países en los que se dispone de datos representan entre el 4% y el 86% de los niños y las niñas internados en centros residenciales.
Los niños y las niñas que viven en instituciones a gran escala suelen sufrir abandono emocional y mayores tasas de abuso y explotación, lo que les expone a problemas de salud mental, angustia psicológica y traumas. Además, pueden tener dificultades para entablar relaciones positivas durante la infancia y la edad adulta, lo que les hace sentirse aislados y solos. Estos niños y niñas acogidos en instituciones -especialmente desde pequeños- pueden sufrir retrasos cognitivos, lingüísticos y de otro tipo en su desarrollo, y es más probable que entren en conflicto con la ley, lo que perpetúa los ciclos de institucionalización.
En consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños y niñas, UNICEF pide el cierre sistemático de las instituciones a gran escala utilizadas para alojar y educar a los niños. Esto incluye la sustitución de los centros residenciales que acogen a niños y niñas con discapacidades o a niños y niñas no acompañados o separados de sus familias, por centros de acogida de alta calidad basados en la familia y la comunidad.
UNICEF pide inversiones adecuadas para apoyar la detección precoz y la intervención temprana en situación de riesgo que eviten la separación, un personal formado y con recursos disponibles en los servicios sociales, servicios de apoyo familiar para evitar la separación innecesaria de las familias y una acogida de calidad para los niños y las niñas que necesitan protección. La mejor forma de proteger a los niños y niñas de la institucionalización es prevenir la necesidad de separarlos de sus familias.
La organización trabaja con gobiernos y aliados de toda la región para el desarrollo y la aplicación de políticas y programas de desinstitucionalización, la ampliación de los servicios de protección y apoyo familiar para evitar que los niños y las niñas sean separados de sus familias, la promoción de la atención basada en la familia y la comunidad y la reunificación y reintegración familiar y la transición segura a una vida independiente.