UNICEF lamenta profundamente la ejecución de cuatro jóvenes en el estado somalí de Puntlandia el pasado fin de semana por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, mientras estaban, supuestamente, asociados con Al Shabaab. Las condenas y sentencias fueron dictadas por tribunales militares, que carecen de procedimientos especializados en justicia juvenil y no son un lugar adecuado para juzgar a niños.
UNICEF recuerda que el Comité de Verificación de Edad de Puntlandia, que incluye a representantes de las autoridades locales, se reunió con los jóvenes y concluyó que eran menores en el momento de su detención, por lo que no debían ser condenados a la pena de muerte.
UNICEF insta a las autoridades de Puntlandia a que impidan la imposición de penas de muerte y pide que se garantice el debido proceso a todos los jóvenes adultos detenidos por su asociación con grupos armados cuando eran menores de 18 años. Esto debe hacerse de acuerdo a la Ley de Menores, aprobada por las propias autoridades de Puntlandia, y en cumplimiento de las obligaciones internacionales del gobierno en materia de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
UNICEF insta a las autoridades de Puntlandia a que traten a los niños asociados con grupos armados como víctimas y pide que se revisen los procedimientos judiciales actuales para garantizar que los niños no sean juzgados por tribunales militares.
Es fundamental que tengan acceso a procedimientos judiciales adecuados, en línea con las definiciones de niño contenidas en la Ley de Justicia de Menores de Puntlandia y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Somalia ha ratificado.
También insta a las autoridades a que aprovechen las vías de reintegración de los niños y niñas vinculados a grupos armados, que ya existen y que han demostrado su eficacia en la defensa de los derechos de la infancia. Como agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, estamos a disposición del gobierno para seguir implementando estos procesos, incluyendo la ejecución de los planes de acción gubernamentales pertinentes para reforzar la protección de los niños y las niñas en los conflictos armados.