Activistas bloquean helipuerto en Davos para pedir a los gobiernos impuestos a los superricos

Trece activistas de toda Europa bloquearon el paso de los delegados que llegaban al helipuerto de Davos para la apertura de la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF). Mientras se reúnen los líderes políticos y empresariales del mundo, la protesta pacífica de Greenpeace tiene como objetivo exigir responsabilidades a las élites contaminantes y pedir a los gobiernos que impongan impuestos a los superricos para financiar la acción climática, ambiental y social.

La portavoz de Greenpeace en Davos Clara Thompson ha afirmado que es "indignante que políticos, directores ejecutivos y la élite poderosa se reúnan en Davos para debatir sobre los desafíos globales mientras el mundo arde y las personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas y enfrentarse a los impactos climáticos cada vez más graves. La desigualdad, la crisis climática y la crisis ambiental están íntimamente vinculadas. Hay una solución: los súper ricos deben pagar su parte justa de impuestos. No falta dinero para abordar las crisis climática, ambiental y social; simplemente está en los bolsillos equivocados, y es hora de que las élites contaminantes y ricas paguen."

Thompson ha recordado que 2024 se ha confirmado "como el año más cálido registrado, con eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos, como los recientes incendios forestales en Los Ángeles, la DANA en València o la sequía en el Amazonas. Mientras tanto, la desigualdad sigue aumentando: los cinco hombres más ricos del mundo se hacen más ricos mientras cinco mil millones de personas a nivel global se empobrecen."

"Hay suficiente dinero para abordar los desafíos globales. Según un nuevo cálculo fiscal de Greenpeace, se podrían recaudar 185 mil millones de euros gravando los ingresos y la riqueza de los súper ricos solo en Europa. Fondos que podrían invertirse en bienestar social en beneficio de las personas y el planeta, como una acción climática más robusta y social, el ahorro de energía, el acceso a viviendas sociales y sostenibles, en transporte público accesible, la restauración de ecosistemas y la lucha contra la crisis climática".

Clara Thompson también agregó que "el año 2025 ofrece oportunidades críticas para reformar las normas fiscales globales, y el llamamiento a una tributación justa es demasiado fuerte para ser ignorado. Los gobiernos deben demostrar un verdadero liderazgo en este momento de necesidad global y las élites no pueden escaquearse"

Greenpeace y sus aliados están pidiendo reformas a nivel nacional e internacional que permitan una tributación justa sobre los ingresos y la riqueza de los individuos ultra ricos. Greenpeace se une a 200 actores de la sociedad civil y sindicatos a nivel internacional, así como a una abrumadora mayoría de países en todo el mundo que apoyan una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Materia Fiscal, la cual está siendo negociada hasta 2027.

Mientras en nuestro país, y a pocos meses después de la DANA que arrasó Valencia y que provocó la muerte de más de 200 personas, el Congreso de los Diputados votará este miércoles 22 el Real Decreto aprobado por el gobierno el pasado mes de diciembre que permitiría la prórroga del gravamen a las empresas energéticas. Una medida, a juicio de Greenpeace, necesaria para afrontar un contexto marcado por los daños climáticos crecientes y los abusos del oligopolio energético.

"En medio de la onda expansiva de las oligarquías irresponsables, la ciudadanía tiene que hacer valer su poder democrático y defender el dinero público. La extensión del gravamen a las grandes energéticas es una medida de justicia fiscal frente a un oligopolio que se llena los bolsillos a costa de la ciudadanía mientras agudiza la crisis climática. El dinero público es clave en circunstancias de extrema dificultad social y económica - como los vividos con la DANA en el pasado octubre - y para reforzar una transición energética justa y coherente" señala Carlos García Paret, coordinador de incidencia política de Greenpeace que pide a los grupos políticos que no caigan en el chantaje de las grandes eléctricas y que defiendan los intereses de la ciudadanía.

El oligopolio energético en España alcanzó un nivel de beneficios y distribución de dividendos récord en 2024 y es el principal responsable de la emergencia climática. Solo Repsol genera el 62% de las emisiones del IBEX. Según cálculos de Greenpeace, tres cuartas partes de los daños provocados por estas emisiones no están cubiertos. En 2023 el oligopolio invirtió 6.500 millones de euros en energías fósiles poniendo en riesgo los compromisos climáticos del país y la seguridad de la ciudadanía. Es el momento de aprobar el gravamen y de tomar medidas para que las empresas contaminantes y los superricos se hagan responsables de agudizar la emergencia climática y poner en riesgo la democracia.