La Rioja impulsa medidas pioneras para seguir luchando contra la despoblación en 2025

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha mantenido este martes, 12 de noviembre, un encuentro de trabajo con la junta de gobierno de la Federación Riojana de Municipios (FRM) para informarle sobre las nuevas medidas que se van impulsar el próximo año para favorecer la fijación de población en el medio rural y que cuentan con un presupuesto conjunto de 3.850.000 euros para todo el 2025. Osés ha presidido la reunión junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y el presidente de la FRM, Jorge Loyo.

En este sentido, el consejero ha destacado la creación de una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros para la contratación de alguaciles en los municipios riojanos durante todo el año, "lo que va a permitir a muchos ayuntamientos contar con una figura profesional clave para velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos".

Además, los Presupuestos 2025 incorporan una nueva línea para favorecer la puesta en marcha de espacios de convivencia, ocio y sociabilidad en los pequeños municipios. Dotada con 1,1 millones de euros, el objetivo de esta iniciativa es "promover la cohesión social y ofrecer lugares donde los vecinos puedan reunirse y donde también se puedan vender productos básicos", ha señalado Osés.

El consejero también ha puesto el foco en el problema de la exclusión financiera que sufre el medio rural debido a la pérdida de población. A este respecto, ha anunciado el próximo lanzamiento de un plan para la instalación de cajeros automáticos en el medio rural, así como la consiguiente prestación de servicios financieros, para lo que se ha consignado un ayuda de 350.000 euros en el año 2025.

Durante el encuentro, se ha abordado el lastre que supone para los municipios la existencia de numerosos edificios en estado de ruina, un problema urbanístico de primer orden que además supone un grave riesgo para la seguridad de los vecinos. A este respecto, el Ejecutivo riojano va a destinar el próximo año un total de 900.000 euros para ayudar a los ayuntamientos a derribar estos inmuebles

"Se trata de medidas pioneras en la lucha contra la despoblación que surgen de las demandas de los alcaldes y alcaldesas de La Rioja, lo que demuestra la vocación municipalista de este Gobierno. Estas iniciativas de apoyo a los ayuntamientos, que buscan mejorar la vida de las personas y que serán una realidad tangible a partir del 1 de enero de 2025, son fruto del diagnóstico que hemos realizado de las necesidades de nuestros pueblos", ha señalado Osés.

Por su parte, Loyo ha agradecido la "colaboración" del Gobierno regional para atender las demandas de los ayuntamientos, y ha subrayado la "coordinación existente" con la FRM para apoyar a los ayuntamientos y facilitar la gestión diaria de los mismos.

El Gobierno riojano ha mejorado todas las líneas de financiación local desde que está al frente de la Comunidad Autónoma. Entre otras mejoras, Osés ha subrayado que este año se ha incrementado un 36% la financiación de los pequeños municipios. Igualmente, se ha impulsado una nueva subvención dotada con un total de 335.000 euros para mejorar los servicios públicos en los núcleos separados del principal, una cuantía que se incrementará hasta los 569.500 euros a partir del próximo 1 de enero.

El consejero ha subrayado el papel vertebrador del territorio de las cabeceras de comarca que prestan servicios a sus vecinos, así como a los de los municipios del entorno. Por ello, el Gobierno de La Rioja destinará el próximo año 3,4 millones de euros, un 3,11% más que 2024, para dotar de financiación a estas localidades. En total, la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación cuenta con un presupuesto de 39 millones de euros para desarrollar su labor en 2025.

En la reunión, el consejero ha avanzado que el apoyo económico de la Administración autonómica a la FRM aumentará un 5% en 2025. Así, se invertirán un total de 221.157 euros para financiar los gastos de funcionamiento (180.217 euros) y la prestación de asesoramiento jurídico a los municipios (40.940 euros) que realiza esta entidad.