El Gobierno de Asturias se ha sumado a la guerra declarada por Cantabria contra el lobo, con un centenar de ejemplares sentenciados a morir entre ambas regiones en tan solo un año. WWF denuncia que estos planes no tienen en cuenta su impacto acumulativo para la especie y exige a las administraciones que los retiren. En caso contrario, WWF tomará acciones legales para detenerlos, pues considera que son arbitrarios, carentes de base científica e incompatibles con la supervivencia a largo plazo de la especie.
El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado hoy en Oviedo, ante el comité consultivo del Plan de Gestión del Lobo, su propuesta para retomar la persecución sistemática de la especie que había sido detenida en 2021 tras su inclusión en el LESRPE. Asturias pretende matar 53 ejemplares hasta marzo de 2026, más de un 15% de la población regional según estimas oficiales: una cifra intolerable para WWF, pues supondría la mayor matanza de lobos en la historia reciente del Principado.
El anuncio del Gobierno asturiano, cuya aprobación se espera de manera inminente, se suma al plan ya aprobado por Cantabria para abatir 41 lobos, un 20% de la población estimada por el Gobierno regional. En ambos casos, WWF denuncia que se trata de cifras arbitrarias, establecidas sin un sólido respaldo científico y sin la participación pública que exigiría una decisión tan trascendente para el futuro de una especie protegida.

Además, es una medida cortoplacista y populista que no reducirá los daños a la cabaña ganadera extensiva, pues la evidencia científica demuestra que la estrategia más eficaz para lograrlo es proteger el ganado con medidas preventivas.
La recuperación de esta joya de la fauna ibérica se ha estancado en la última década y su futuro sigue lejos de estar asegurado. WWF está analizando los planes de Asturias y Cantabria y tomará las acciones legales que sean necesarias para defender al lobo y llevar ante los tribunales a los responsables de estas matanzas.
La organización alerta sobre el impacto acumulativo de ambos planes para el lobo, que se encuentra en España en un estado de conservación desfavorable-inadecuado, lo que obliga a tomar medidas para asegurar su viabilidad a largo plazo. En julio de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el plan de caza del lobo de Castilla y León, dictaminando que "la finalidad de esas medidas debe ser mantener o restablecer la especie de que se trate en un Estado de Conservación Favorable".
Dicho estado, de acuerdo a la normativa europea, implica la obligación de las administraciones regionales de asegurar la expansión a otros territorios y el crecimiento de las poblaciones en su propio ámbito geográfico: un imperativo legal que se mantiene aunque la especie sea gestionable, y que es incompatible con la persecución sistemática e indiscriminada que pretenden retomar Asturias y Cantabria.
Por todo ello, WWF reclama a ambas administraciones regionales que retiren estos planes y apuesten por una gestión de la especie basada en la ciencia y en la coexistencia. De acuerdo a un análisis publicado este año por WWF, las políticas de apoyo a las medidas de prevención de daños a la ganadería de Asturias y Cantabria están entre las peor valoradas del país.
WWF insta a los Gobiernos regionales a que prioricen e inviertan realmente en medidas para prevenir y reducir daños, en lugar de prometer cabezas de lobos por pura demagogia y oportunismo político: una estrategia sin criterio técnico alguno, que durante muchos años se demostró inútil para resolver el conflicto.
"Sentenciar a muerte a un centenar de lobos es un despropósito que pone en peligro la conservación de la especie en nuestro país", ha asegurado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. "El lobo es un aliado de la sociedad y cumple un papel ecológico vital para recuperar la salud de los ecosistemas, y utilizar el rifle como herramienta de gestión es una medida primitiva, populista e ilegal", ha añadido.