El Gobierno del Principado de Asturias ha aprovechado esta tarde la celebración de la segunda reunión del grupo de trabajo que se encargará de redactar el borrador de la futura ley LGTBI autonómica para abordar las medidas que es necesario implementar en el ámbito educativo para avanzar en la defensa de los derechos y libertades de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Desde la sede de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez López, ha explicado que la intención es que la normativa recoja todos aquellos aspectos que garanticen el trato que el colectivo reivindica desde la educación.
En este sentido, Francisco Borrego, tesorero de la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias, ha recordado que esta es una "reivindicación histórica", ya que es necesario que la comunidad educativa disponga de "una línea de actuación" que permita mejorar las condiciones de vida del alumnado LGTBI y sirva de orientación para el profesorado.
Este grupo de trabajo está formado por casi una decena de colectivos con el objetivo de garantizar que el Principado de Asturias disponga de una ley consensuada. En concreto, este grupo lo constituyen miembros de Xega y Xega Familias, Llar Trans, Colibrís en Acción, la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias, Faciendo Camín, Xuntes y Diverses, así como los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
Esta segunda reunión llega después de que el pasado 30 de noviembre se celebrara el primer encuentro, cita que sirvió para presentar el grupo de trabajo y establecer la organización y metodología que se llevará a cabo en los próximos meses hasta poder contar con el borrador de la ley.
La intención es crear desde cero la futura norma, con base en la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI, aprobada en febrero por el Gobierno de España.
Asturias es en la actualidad, junto con Castilla y León, la única comunidad española que carece de una ley específica que defienda los derechos y libertades del colectivo LGTBI. La Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI también está trabajando en la creación de protocolos de actuación concretos dirigidos a estas personas en aquellos ámbitos en los que sea más urgente su conocimiento por parte de los profesionales implicados, especialmente en educación y sanidad.