La Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias perfila la inclusión de protocolos educativos en el borrador de la futura Ley LGTBI autonómica, tal y como establece la normativa estatal.
La directora general, Nuria Rodríguez, ha participado hoy en la tercera reunión del grupo de trabajo encargado de redactar la legislación asturiana, en la que se ha continuado la labor iniciada en el encuentro anterior, centrado en los asuntos educativos. En concreto, en esta ocasión los colectivos han abordado la definición de los tipos de protocolos que es necesario establecer y de qué manera se pueden implementar para garantizar los derechos del alumnado LGTBI en el sistema educativo.
Rodríguez ha indicado que, con esta tercera sesión, el grupo da por finalizado el abordaje de esta materia para dar paso, en la siguiente reunión, a los aspectos relacionados con la salud que permitan avanzar en la defensa de los derechos y libertades de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. También ha señalado que el desarrollo de estos encuentros progresa "a buen ritmo", por lo que confía en poder cumplir con el objetivo marcado al inicio de esta legislatura de tener listo el borrador de la ley a finales de año.
El grupo de trabajo está formado por casi una decena de colectivos con el objetivo de garantizar que el Principado disponga de una ley consensuada. En concreto, participan miembros de Xega y Xega Familias, Llar Trans, Colibrís en Acción, la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias, Faciendo Camín, Xuntes y Diverses, así como los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
El primer encuentro se celebró el 23 de enero, cita que sirvió para iniciar el debate sobre cómo frenar el acoso que sufre el colectivo en la educación.
La intención es crear desde cero la futura norma, con base en la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI, aprobada en febrero por el Gobierno de España.
Asturias es en la actualidad, junto con Castilla y León, la única comunidad que carece de una ley específica que defienda los derechos y libertades del colectivo LGTBI.