La Costa Noroeste se une en Sevilla contra los vertidos mineros en el Guadalquivir

Los municipios de la Costa Noroeste de Cádiz han alzado su voz hoy en Sevilla para mostrar un rechazo conjunto y contundente a los vertidos mineros que amenazan el estuario del Guadalquivir. La protesta, celebrada frente a la sede de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, ha congregado a representantes institucionales, colectivos sociales y sectores productivos que claman por una actuación urgente ante lo que consideran un grave problema ambiental, sanitario y económico.

Delegaciones de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Trebujena, Lebrija y otros municipios ribereños han estado presentes en una manifestación que evidencia la creciente preocupación de la región ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades autonómicas. En el centro de la polémica se encuentra la mina de cobre Las Cruces, ubicada en Gerena (Sevilla), cuyas actividades estarían generando vertidos contaminantes al río.

Durante la concentración, asociaciones de agricultores, pescadores, mariscadores, acuicultores y empresarios han alertado sobre las consecuencias devastadoras que estos vertidos podrían tener para la fauna acuática y para las actividades económicas que dependen directamente de la salud del Guadalquivir. Subrayan que miles de familias podrían verse afectadas si no se toman medidas inmediatas.

Desde la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, Nicolás Fernández ha expresado con firmeza su preocupación: "Tenemos un producto extraordinario, si no se pone remedio, esa riqueza puede verse afectada". Fernández ha contextualizado la situación dentro de una estrategia europea más amplia para reactivar la faja pirítica andaluza por razones de autonomía estratégica, pero ha advertido que no se puede pagar ese precio con el futuro de la región: "La guerra de Ucrania fue clave en toda esta historia, pero eso no quiere decir que jodamos nuestra tierra ni nuestro futuro".

Además, ha hecho un llamamiento urgente a la sociedad y a los responsables políticos: "Tómenselo en serio. A partir de hoy debe marcarse un antes y un después en toda esta historia".

Los manifestantes exigen a la Junta de Andalucía que investigue a fondo la situación, revise las autorizaciones concedidas a las empresas mineras y refuerce los controles sobre sus operaciones. La discrepancia entre los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas –que niegan efectos nocivos– y las evidencias sobre el terreno ha encendido las alarmas entre la comunidad científica y los municipios afectados.

Con esta acción, la Costa Noroeste y los pueblos del Bajo Guadalquivir hacen un llamamiento conjunto a la responsabilidad institucional para garantizar la protección del estuario, un ecosistema vital para el equilibrio medioambiental y el sustento de la población local.