Torremolinos velará por el estricto cumplimiento de la legalidad en cualquier uso que pueda desarrollar la antigua residencia Miratorre

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos ha asegurado hoy que velará por el estricto cumplimiento de la legalidad en cualquier uso o actividad que pueda desarrollarse en la antigua residencia Miratorre, y considera "irresponsable" alojar en este edifico a cualquier persona sin que exista licencia de primera ocupación.

En concreto, a día de hoy, el edificio carece de licencia de primera ocupación y de cualquier otro tipo de licencia de actividad, lo que conlleva, entre otros aspectos que no se han verificado, cuestiones tan básicas como la prevención de incendios o el circuito interno de agua.

El empresario y actual propietario del inmueble pretendía, por tanto, alojar a personas en el edificio sin que se hayan cumplido con trámites tan básicos y exigibles para cualquier tipo de actividad, y que fueron advertidos al propietario vía notificación la semana pasada.

Ante esta negligencia, el Ayuntamiento ha denegado el inicio de cualquier actividad vía declaración responsable, ya que considera más importante velar por la integridad física de cualquier persona que pueda ser alojada allí, para lo que es necesario cumplir con la legislación vigente.

En concreto, en materia de Urbanismo, el propietario ha presentado una documentación final de obra de 2013 firmada pero sin visar. Además, la firma un arquitecto diferente al que llevó la dirección de obra, que ya ha fallecido. Igualmente, no se aporta primera ocupación entonces, por lo que la licencia estaría caducada. La documentación que presentan al respecto está firmada en 2025, sin que hayan sido capaces de acreditar si existía primera ocupación cuando supuestamente finalizó la última intervención en el edificio, hace ahora más de doce años.

El propietario tampoco ha aportado certificación de las empresas suministradoras, por lo que no existe garantía de que las personas alojadas puedan tener acceso a los servicios más básicos.

Además, no consta informe de ensayo acústico, ya que lo que aportan lo firma un arquitecto, cuando este tipo de estudios tienen que hacerlo, conforme a ley, laboratorios especializados; y en ningún momento se han abonado las tasas que permitirían tramitar la declaración responsable.

En resumen, la documentación presentada por el promotor ayer a las 14:31 y a las 14:59 horas presenta, como poco, inexactitudes y omisiones, de acuerdo con el reglamento de la LISTA, por lo que queda inadmitida.

En materia de Actividades Comerciales, por otra parte, no se ha aportado informe de cumplimiento de normativa contra incendios; mientras que el proyecto de instalación de actividad debe ser visado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Hasta que no cuente con estos informes, no puede dar otro paso preceptivo, como es el certificado de dirección técnica de las instalaciones.

Ante todas estas circunstancias, que se exigen a cualquier actividad que se desarrolla en la ciudad para garantizar la seguridad, el equipo de gobierno lamenta que el empresario, en vez de cumplir con la legalidad, haga referencia a una supuesta xenofobia, que será estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento para adoptar las medidas necesarias.

Por otra parte, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España y a las ONG y entidades que colaboran en la integración y alojamiento de migrantes, que velen también por el cumplimiento de la legalidad, tal y como se hacía previamente por parte de Cruz Roja y CEAR, entidades a las que antes se encomendaba esta labor; y que no deleguen esa cuestión en empresarios que puede que prioricen el lucro de alojar a estos migrantes sobre otras cuestiones como la seguridad e integridad de las personas .

El equipo de gobierno desconoce el motivo por el que estas dos entidades, Cruz Roja y CEAR, de probada solvencia, ya no gestionan la integración de personas migrantes; pero apela a la responsabilidad de los nuevos agentes implicados por el Gobierno central, que deben también tener presente con qué empresarios trabajan y cuál es el nivel de seguridad y de garantías sociales de las instalaciones que ofrecen.